RD obtiene baja calificación en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

Por Carolina Ramírez-Herrera

Especialista en Seguridad

La República Dominicana quedó en el puesto 95, de los 127 países evaluados en el año 2016, para el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI, por sus siglas en inglés), ranking mundial con el cual se mide el desempeño de la policía y otras instituciones públicas encargadas de la seguridad interna en cada país, con una calificación que oscila entre 0.0 y 100 puntos. El primer lugar lo ostenta Singapur con una calificación general de 89%, mientras que el peor valorado del mundo es Nigeria, en la última posición, con apenas un 25%.

En la primera edición del Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna, realizado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales (IPSA) y el Instituto de Economía y Paz (IEP), se busca medir la capacidad del aparato de seguridad de un país para responder a los problemas de seguridad interna, del momento y los que podrían surgir en el futuro, en base a 16 indicadores agrupados en cuatro áreas claves: 1) Capacidad, o el nivel de los recursos destinados a seguridad; 2) Proceso, incluyendo las posibilidades de usar los recursos de manera efectiva; 3) Legitimidad, que implica el nivel de confianza de la ciudadanía en las autoridades, la corrupción y el comportamiento justo de las instituciones; 4) Resultados, que evalúa los niveles reales y percibidos de crimen y violencia. El estudio también analiza cómo los resultados de cada país, en cada grupo de indicadores, se relacionan entre sí, para seguir las posibles tendencias de los diferentes campos en el tiempo.

(Gráfico 2) Fuente: WISPI

El reporte completo del WISPI-2016, que puede ser consultado en inglés en http://wispindex.org/#/ detalla con gráficos explicativos el desempeño de América Latina con relación a las demás regiones del mundo. En el cual Venezuela (119) y México (118) y Honduras (116) obtuvieron la peor calificación de nuestra región, mientras que Uruguay (35) y Chile (43) ocuparon los mejores lugares. (Ver gráfico 2)

De los 20 países latinoamericanos incluidos en el informe, la República Dominicana quedó en el puesto 11, con una calificación general de 47%, sin embargo, al desglosar el desempeño en las cuatro áreas claves evaluadas, los dominicanos tenemos la peor calificación en el renglón de Proceso (29%), debido esencialmente a problemas de: Sub registro de los casos, denuncias de corrupción y pagos de sobornos a la policía. 

También presentamos serias dificultades en materia de Legitimidad (42%) por falta de confianza en la policía y por denuncias de uso de bienes públicos para beneficio privado.

(Gráfico 3) Fuente WISPI

En el campo de Resultados obtuvimos (50%), pese a que incluye los indicadores de tasa de homicidios, con calificación (0.0%) y percepción de seguridad pública (38%), esto debido a que se calcula en base al promedio, sumando los otros dos indicadores, crímenes violentos (68%) y bajo riesgo de terrorismo (95%), en los cuales tenemos mejor puntaje.

Hemos quedado mejor posicionados en el renglón de Capacidad (73%) porque se calcula la cantidad de personas que integran la nómina de la policía (94%), las fuerzas armadas (100%) y servicios privados (90%),  de seguridad, pese a que, en disponibilidad de espacios para prisión en condiciones dignas obtuvimos un (0.0%) (Ver gráfico 3)

La situación dominicana no dista mucho de los demás países de Latinoamérica, donde los puntajes más altos fueron para capacidad, mientras que el acápite de proceso resultó el peor calificado.

Cuando el estudio mide el "aparato de seguridad" se refiere predominantemente a la policía, aunque una serie de indicadores también afectan la capacidad de las fuerzas armadas, el sistema judicial y el sector privado para abordar cuestiones de seguridad interna.

Es por esto que un país como República Dominicana que no tiene conflictos bélicos internos, puede tener un peor rango que un país que tiene más problemas, en especial porque se ha dedicado más recursos, tales como cuerpos especializados con componentes de las fuerzas armadas a atender asuntos de seguridad ciudadana, que son del ámbito esencialmente policial, limitando en consecuencia, el desarrollo de las capacidades policiales para cumplir su misión natural, que es garantizar el orden público. RD obtiene baja calificación en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

¿Más protegidos o atrapados por la seguridad?

Según el Informe Final de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2015), publicado en enero de 2017, la delincuencia común es el problema con mayor incidencia en la población dominicana, preocupando al 74.5 de los encuestados para este estudio, dirigido por la Oficina Nacional de Estadística, en el cual se mide la percepción de seguridad ciudadana en el país.

Otras investigaciones también establecen que la creciente preocupación sobre la seguridad ciudadana en los últimos años ha incidido grandemente en el cambio de conducta de los habitantes, en casi todas las zonas urbanas de la República Dominicana, quienes han preferido auto resguardarse en un fracasado intento de protegerse, para evitar ser víctimas de la delincuencia común.

En ese afán de buscar soluciones particulares al problema colectivo de la seguridad ciudadana, los dominicanos gastan entre un 9% y un 45% de sus ingresos en adquirir algún mecanismo o dispositivo para incrementar sus niveles de seguridad, entre los que destacan, verjas, cerraduras, cámaras, alarmas, blindajes, servicios de vigilancia, entre otros. El problema principal radica en que esos mecanismos y dispositivos extremos de protección, asumidos por iniciativa propia, a veces sin la orientación adecuada, con la intención de evitar ser víctima de la delincuencia podrían hacer que quedemos atrapados en caso de un evento inesperado, como un incendio, un terremoto o una emergencia médica, poniendo en peligro nuestras vidas y generando, en muchos casos, una fatalidad mayor.

Para los dominicanos ya resulta algo común ver las viviendas y residenciales con verjas

perimetrales, cerrojos y otros dispositivos de seguridad, que convierten en una especie de reclusorio el espacio destinado para la tranquilidad y el sosiego familiar, limitando y, en muchos casos imposibilitando la facilidad de escape rápido ante una emergencia, quedando “atrapados” en vez de “asegurados”.

Es importante comprender que la seguridad es un asunto multidimensional y sumamente complejo, que no debe ser abordado de forma empírica ni aislada, puesto que en materia de seguridad, y muy especialmente en el área de la seguridad ciudadana (la que tradicionalmente más inquieta al ciudadano común), es irracional pensar que se le puede dar un solución integral y permanente, con pequeñas acciones de particulares o con planes perentorios, que prontamente pierden vigencia y efectividad para resolver tan grave problema.

La única forma lógica de atender el tema de seguridad implica el diseño e implementación de una política pública de largo plazo, de carácter estructural, que trascienda lo puramente coyuntural, la cual debe ser resultado de un arduo proceso de discusión y reflexión entre la autoridad pública  y los ciudadanos, puesto que desde el enfoque de seguridad democrática, los pueblos ya no son simples receptores, sino corresponsables en el desarrollo, preservación y enriquecimiento de esa seguridad, entendida y asumida como un bien público.

Parte de esa cultura de seguridad ciudadana pendiente de promover en los ciudadanos dominicanos, debe concientizarnos sobre el hecho de que, si bien es cierto que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad pública, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo a su desarrollo integral, al disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; también la seguridad ciudadana es un “Bien Público” que en principio es responsabilidad primaria del gobierno, pero también compete a los liderazgos locales y a la sociedad civil en su conjunto, cuya participación es indispensable para que cualquier estrategia o política de seguridad ciudadana funcione.

¡Basta ya! de actuar con esa cultura de individualismo atroz que hemos construido, buscando soluciones particulares a los problemas colectivos. Es iluso pretender que aportamos al desarrollo nacional y a la mejora de nuestra calidad de vida integral con acciones tan egoístas como adquirir un inversor o una planta de generación eléctrica, un tinaco, cisterna o bomba ladrona, un servicio de seguro médico o educativo privado, un arma de fuego, cámaras, alarmas y un guachimán. Con ese accionar solo demostramos que, mientras reclamamos del gobierno y la comunidad la solución a los problemas de seguridad que nos afectan a todos, realmente lo único que nos importa es nuestro micro mundo, olvidándonos de que, sin seguridad para todos, la seguridad individual que pretendemos es imposible.

ACCESO A LA ENERGÍA: UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

El reto de gestionar los recursos energéticos de forma innovadora y ambientalmente sostenible

El acceso a la energía ha sido definido como la fuerza vital de la humanidad, convirtiéndose en el motor del desarrollo económico de las sociedades, ya que sus principales componentes: el combustibles y la electricidad, son indispensables en cualquier proceso de producción, transporte y consumo de bienes o servicios, para satisfacer las necesidades elementales de las personas, independientemente de que estas habiten en un país desarrollado o en vía de desarrollo.[i]

Para los Estados, la energía, además de un factor esencial para la productividad, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que implica la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura energética, así como, las capacidades de satisfacer la demanda actual y futura, de manera eficiente, confiable y ambientalmente sostenible.[ii]

La República Dominicana, mediante la Ley Número 1-12, ha adoptado la Estrategia Nacional de Desarrollo (END, 2030) cuyo tercer eje procura una economía sostenible, integradora y competitiva; estableciendo como uno de sus objetivos específicos, asegurar un suministro de energía confiable, eficiente, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

El Prólogo de la END-2030, señala que si bien el modelo de desarrollo que ha guiado la economía dominicana durante las últimas décadas ha dado lugar a un crecimiento importante; dicho crecimiento económico no ha logrado impactar de forma positiva el desarrollo socioeconómico del país, esto debido a que el modelo económico implementado, aún muestra debilidades que limitan sus potencialidades para construir el país deseado, entre las que se destacan: insuficientes relaciones entre los sectores productivos, inequidad en el desarrollo de las capacidades productivas y limitaciones para una inserción competitiva del país en la economía global.[iii]

Según el informe del Banco Mundial del año 2014, la República Dominicana ha tenido un desempeño económico sobresaliente durante las últimas décadas. Siendo una de las de más alto crecimiento en Latinoamérica, con un incremento promedio del PIB en torno al 5,5 por ciento, por año, entre 1991 y 2013. Sin embargo, ese crecimiento económico, trae consigo un incremento en la demanda de energía, cuyo suministro eficiente y a precios competitivos sigue siendo uno de grandes desafíos que enfrenta el país, desde hace más de medio siglo.

El Estado dominicano debe abocarse a determinar el costo socioeconómico que ha representado para el desarrollo nacional, la ineficiencia del sector energético (electricidad y combustibles), caracterizado por problemas de desabastecimiento y elevados gastos de generación eléctrica, sumado esto al déficit permanente en el suministro y una baja calidad en el servicio servido. A pesar de existir una importante cantidad de estudios y documentos que abordan la crisis del sector energético dominicano, la mayor parte de estos se concentran en lo relativo al comportamiento de la demanda energética, la dinámica de los precios, la tendencia de crecimiento del consumo de energía, y del subsidio gubernamental; sin embargo, no han sido encontradas evidencias de investigaciones importantes referentes a las políticas de seguridad energética y mucho menos, a las repercusiones socioeconómicas de la crisis energética en cada uno de los sectores de la economía, consumidores finales de energía: industrial, transporte, residencial, comercial y gubernamental.

El tema de la seguridad energética, debe ser abordado con la debida conciencia de que el acceso a la energía constituye un servicio social, íntimamente vinculado a las oportunidades económicas, el cual, sumado a otras libertades políticas, se convierte en un pilar fundamental del crecimiento económico, cuyo objetivo final debe ser el desarrollo social y el bienestar de las personas.[iv]

La debida comprensión de esta problemática implica identificar los principales retos que enfrenta el país para gestionar sus recursos productivos de forma innovadora y ambientalmente sostenible, a fin de garantizar una generación estable y un suministro eficiente de energía, que además podría crear nuevas oportunidades de inversión y externalidades positivas en otros sectores de la economía. En tal sentido, los tomadores de decisión, están compelidos a la formulación de estrategias y políticas públicas que incidan en el sector energético en aras de encontrar una solución definitiva a la problemática energética de la República Dominicana.

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[i]     Prospectiva del Sector Eléctrico  2013-2027. Secretaría de Energía de México (SENER, 2013)

[ii]    El Trilema energético del CME para la sostenibilidad energética. Consejo Mundial de la Energía, 2014

[iii]     Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. G. O. No. 10656 del 26 de enero de 2011.

[iv]   Desarrollo y libertad.  Amartya Sen, Editorial Planeta. Buenos Aires, 2000 

Celebramos el 20 Aniversario del Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa William J. Perry

¡Qué alegría! Poder celebrar el 20 aniversario del Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa William J. Perry. 

El Centro Perry propicia un maravilloso espacio de intercambio de ideas sobre las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan nuestros países, en materia de #SeguridadNacional  #Defensa  #DerechosHumanos  #Democracia entre otros. 

Auguramos muchos años de éxitos a esta prestigiosa institución de socialización del conocimiento, de la cual he tenido la suerte de heredar extraordinarios amigos y colegas a casi todos los países del continente.

Enhorabuena!

Registro Sanitario República Dominicana

Para para comercializar sus productos legalmente en República Dominicana, es indispensable la obtención del Certificado de Registro Sanitario, solicitado en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para los productos alimentarios; y en la Dirección General de Drogas y Farmacias, cuando se traten de cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, productos naturales y medicamentos. Ambas instituciones son dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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En Gente Grande Consulting tenemos un equipo de profesionales expertos que se encargará de todo el proceso de la gestión del Registro Sanitario de su producto, sin que usted tengas que dejar la comodidad de tu casa u oficina. Para más información llámenos al 809-435-8499 / 809-215-0275 o escríbanos a cramirez@gentegrande.com.do

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Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias

A partir del 1 de enero del año 2017, Gobierno incautará productos que no tengan Registro Sanitario

El Gobierno dominicano dio a conocer un conjunto de medidas tendentes a garantizar y proteger la salud de los consumidores y su derecho a estar informados sobre las categorías de productos que

oferta el mercado.

Entre las medidas está el establecimiento de varios plazos para que las empresas que comercializan productos nacionales o importados cumplan con las normas vigentes sobre etiquetado y registro sanitario.

Los detalles fueron ofrecidos por la Comisión Interinstitucional para las Normas del Etiquetado en rueda de prensa efectuada en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, encabezada por los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Industria y Comercio, José del Castillo.

Cumplimiento estricto de la norma NORDOM 53

A partir del día primero de agosto de año 2016, no pueden ser comercializados en el territorio nacional, los productos lácteos y sus derivados destinados al consumo humano, o para fines de hostelería, que no cumplan con los requisitos de etiquetado establecidos en la Norma Dominicana NORDOM 53, sobre el Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados, cuarta revisión, de fecha 27 de noviembre de 2014.

De igual forma, a partir del primero de enero del año 2017, todos los productos alimenticios de producción nacional e importados, deberán contar con el Registro Sanitario vigente.

Etiquetado visible, legible y en español

Los productos alimenticios importados, sin distinguir el medio de transporte o forma de embalaje en que sean introducidos al país, deberán cumplir con la inclusión de la etiqueta complementaria, según se instruye en la NORDOM 53.

La etiqueta deberá ser colocada en origen e indicar con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso, la fecha de vencimiento, los ingredientes y otras disposiciones en idioma español.

Inobservancia de disposiciones serán sancionadas

La inobservancia de estas disposiciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las legislaciones vigentes, tales como decomisos, sanciones económicas y destrucción de los alimentos que no cumplan con las normas.

Para para comercializar sus productos legalmente en República Dominicana, es indispensable la obtención del Certificado de Registro Sanitario, solicitado en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para los productos alimentarios; y en la Dirección General de Drogas y Farmacias, cuando se traten de cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, productos naturales y medicamentos. Ambas instituciones son dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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En Gente Grande Consulting tenemos un equipo de profesionales expertos que se encargará de todo el proceso de la gestión del Registro Sanitario de su producto, sin que usted tengas que dejar la comodidad de tu casa u oficina. Para más información llámenos al 809-435-8499 / 809-215-0275 o escríbanos a cramirez@gentegrande.com.do

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Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias

Amazing time in Atlanta

I just spent an amazing time, where I met extraordinary people from different parts of the world that quickly became my friends, my new friends that I will never forget. As shown, some pictures.

Vigías de la seguridad con los peores salarios

Los guardias y policías deben “buscárselas” para satisfacer sus necesidades

POR ESTEBAN DELGADO

16 marzo, 2015

L

as labores que realizan los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a través de las instituciones militares dependientes del Ministerio de Defensa, se desarrollan en medio de precariedades que los obligan a hacer maniobras diversas para incrementar sus niveles de ingresos.

El Ministerio de Defensa tiene tres instituciones militares básicas: Ejército Dominicano, Armada de República Dominicana, antigua Marina de Guerra, y Fuerza Aérea Dominicana.

El salario base de un miembro de la Policía o un guardia sin rango, es decir, raso, oscila entre RD$6,181.16 y RD$7,000 mensuales, indican esas instituciones en sus respectivos portales de internet.

Con esos niveles de sueldos es difícil que un agente policial pueda desarrollar su trabajo sin incurrir en la tentación de buscar alternativas adicionales como prestar servicios a instituciones públicas o privadas, agenciarse la asignación de una labor extra dentro de la propia institución, salir a “macutear” o a pedir en operativos improvisados o, en el peor de los casos, incurrir en actos delictivos.

En el ámbito militar y policial sus miembros no acostumbran a ofrecer informaciones sobre sus condiciones de vida, pero solo hay que revisar sus salarios para imaginarse su realidad.

Los bajos niveles salariales no son solamente entre los agentes de bajos rangos. Los generales y coroneles tienen sueldos que no llegan a los RD$40,000 mensuales en las Fuerzas Armadas y solo en el caso del rango de Mayor General, el sueldo es más elevado para la Policía, con RD$62,529.42 mensuales.

Muchos se preguntan cómo es posible que un coronel o un general de brigada exhiban buenos niveles de vida en términos materiales, con salarios por debajo del pago de un gerente medio en cualquier empresa privada o entidad estatal.

La realidad es que no se trata necesariamente de actos indecorosos por parte de esos agentes de alto rango, sino más bien de ingresos extras por especialidades, puestos administrativos con paga adicional al rango y también “facilidades” que les llegan de acuerdo con la posición que ocupan o la zona donde prestan servicios.

“Los comandantes de zonas reciben regalos de parte de empresarios y de personas influyentes en algunas demarcaciones donde prestan servicios”, expresó a elDinero un general retirado que, precisamente, vive en una casa que le fue regalada.

Lo anterior indica que la prosperidad de militares de alto rango no siempre es por acciones indecorosas, aunque sí por actos que pueden afectar el buen desempeño de sus funciones, pues el hecho de recibir algún regalo, si bien no es corrupción, sí se escapa de la ética.

En el sector militar y policial hay rangos parecidos, aunque la Policía no es precisamente una institución militar.

Alrededor de 13 rangos destacan en los niveles jerárquicos de los cuerpos castrenses, desde raso, alistado o marinero, hasta teniente general o almirante. Éste último rango sólo lo ostentan de forma transitoria el Ministro de Defensa y en una ocasión el Jefe de la Policía. El jefe policial actual es mayor general.

Fuente: http://www.eldinero.com.do/10275/vigias-de-la-seguridad-con-los-peores-salarios/

EL INTERÉS NACIONAL: Un enfoque realista de los Elementos del Poder Nacional

Carolina Ramírez H.

Desde el enfoque sociológico de Max Weber (1984), el “poder” es entendido como aquella oportunidad o posibilidad que existe en una relación social, en donde un individuo deliberadamente influye en el comportamiento de otros, en una dirección prevista, para lograr cumplir su propia voluntad.ⁱ Mientras que, el concepto “poder nacional” implica el conjunto integrado por todos aquellos componentes que permiten a un país determinado, la utilización de sus capacidades nacionales para planificar y ejecutar políticas públicas domésticas y externas, en función de intereses nacionales preestablecidos, de forma tal que sean alcanzados los objetivos nacionales.

Es importante tener en cuenta que el concepto poder nacional no está referido a los niveles de constitucionalidad y legalidad operativa en el contexto doméstico de un país, puesto que eso concierne a los poderes públicos, es decir, a aquellos órganos e instituciones del Estado a quienes corresponde, en su dimensión coactiva, el monopolio legítimo de la violencia. El poder nacional implica una combinación de todas las capacidades estatales, ya sea en términos políticos, económico-financieros, tecnológico-industriales, comerciales y militares, así como, los mecanismos mediante los cuales esta combinación es expresada, en el entorno interno y externo del país.

Una adecuada valoración del poder nacional de un determinado país implica que éste sea referenciado ante el trasfondo de otros poderes nacionales, por lo que resulta mucho más factible estudiar el poder nacional en la esfera de las relaciones internacionales. Para tales fines es de gran utilidad el marco conceptual de las teorías planteada por Frederick Howard Hartmann (2002), sobre los Elementos del Poder Nacional, en la 6ta. Edición de su libro “Introducción a las Relaciones Internacionales”, en donde intenta analizar la esencia de los problemas transnacionales desde la óptica realista, partiendo de la idea de que habitamos en un mundo cada vez más pequeño, donde el impacto de cada parte sobre las demás es mucho más grave que nunca.ⁱⁱ

Desde este panorama, Hartmann comienza a teorizar sobre las situaciones nacionales y transnacionales, sosteniendo que en la solución a todo problema que se presente en una nación, el Estado es el principal actor, debiendo éste tener la capacidad de trabajar en función de sus mejores intereses; planteando que las naciones deben defender, además del control de su territorio, los valores que le diferencian de las demás, con relación al mundo exterior; argumentando que las opciones políticas que toma el gobierno representan una salida conforme a los factores internos de ese Estado y los derivados del medio externo.

El elemento fundamental de la política exterior de cada país, debe ser el interés nacional, conformado por aquellas cosas que los Estados tratarían de proteger a toda costa o conseguir frente a otros, el cual es producto de una interacción compleja que Howard se atreve a dividir en intereses vitales y secundarios, definiendo como vitales aquellos por los cuales el Estado está dispuesto a luchar, y secundarios lo que simplemente querría lograr, pero que al formular sus políticas tratar de adaptarlas para que sean compatibles con las de otras naciones.

Hartmann se imagina a un funcionario que toma decisiones entre fuerzas internas y externas, centrando su foco de análisis en los procesos mediante los cuales los Estados deben amoldar sus decisiones al interés nacional, sin perder de vista el impacto que causa sobre sí lo que sucede en otros Estados.

Desde enfoque realistas, para preservar o satisfacer sus intereses vitales y lograr así su seguridad nacional, los Estados deben utilizar los modelos de poder que le permitan garantizar una adecuada defensa de sus intereses nacionales. Y es justo el escenario en que juega un papel estelar el Poder Nacional, como resultado de la suma de todas las fortalezas que posee una nación, para el establecimiento de su estrategia de desarrollo y la consecución de sus objetivos nacionales.

En este contexto, para Hartmann, el término “Poder”, significa cuán débil o fuerte es un Estado, la fuerza o capacidad que este puede utilizar para satisfacer sus intereses nacionales e influir en otros. Debido a que las relaciones entre Estados soberanos son siempre en su raíz una política de poder, que variará de acuerdo a lo que esté en juego; cómo se perciba la cuestión y con quién se trate; construyendo una conjunción de la que surgen siete conceptos a los cuales él llama los “Elementos del Poder Nacional”.

Para Hartmann los “Elementos del Poder Nacional” son: Demográfico: cuantos habitantes hay, cuál es su estructura y su tendencia; así como el componente Geográfico: dónde vive la gente y bajo qué clima, cómo influye su ubicación geográfica y qué tamaño tiene su territorio. Aquí es fuerte la geopolítica, la ubicación es importante en términos estratégicos porque existe una interacción entre la población y el medio geográfico.

Un elemento sumamente importante es el Económico, puesto que determina Cuáles son los recursos del pueblo, materias primas, Producto Interno Bruto (PIB), escasez o abundancia de materiales críticos. La autosuficiencia económica es una cualidad importante. De ahí la incidencia de la economía en el elemento Científico-Tecnológico puesto que, los descubrimientos y las nuevas tecnologías son importantísimos conocimientos que generan poder y dependencia de otras naciones. Además, pueden volcarse a actividades relacionas con la defensa nacional.

Todo aquello qué le ha sucedido a lo largo de la historia a la nación, cómo tiende a pensar, cuáles son sus actitudes típicas, cómo está estructurada la sociedad, son componentes del elemento Histórico-Psicológico-Sociológico.

El elemento Organizativo-Administrativo, se refiere a la forma de gobierno, la actitud que asume el pueblo ante este, así como el grado de fortaleza, eficacia y eficiencia de las instituciones de la administración pública, mientras que el Militar: tiene que ver con qué tan efectivo y eficiente ha sido el desarrollo de sus fuerzas armadas.

Como bien plantea Richard Vásquez Jiménez (2010) la expresión militar del poder nacional implica además la función de brindar apoyo para la estabilidad y seguridad de los demás elementos del poder antes mencionados; misión que cumple, utilizando el recurso humano que componen las fuerzas armadas de la nación, así como los equipos y tecnología de la que disponen.ⁱⁱⁱ

A modo de conclusión, podemos decir que el poder nacional de un país sólo puede ser analizado y medido observando su efectividad en la interacción internacional con otros poderes nacionales. Siendo así, todo accionar del poder, que proviene de un país con capacidad de accionar más allá de sus fronteras, para garantizar los intereses nacionales siempre deberá reconocerse como parte de su poder nacional.

i WEBER, Max. (1984); Economía y Sociedad. Cap. III y IX. – Fondo de Cultura Económica. México.

ii HARTMANN, Frederick H. (2002); Las Relaciones Internacionales; Instituto de Publicaciones Navales; Buenos Aires, Argentina.

iii VASQUEZ, Richard; (2010); SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO: Matriz para el Crecimiento Integral de las Naciones (Caso República Dominicana)