Por Carolina
Ramírez-Herrera
Especialista
en Seguridad
“El primer paso para resolver un problema es conocerlo”, como bien reza una de las frases célebres del excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y orador motivacional estadounidense, Zig Ziglar. A propósito de esta expresión, el informe “Seguridad Ciudadana en RD” publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, establece que 74 de cada 100 personas, consideran delincuencia común como el principal problema que afecta a los habitantes de la República Dominicana, superando incluso preocupaciones tradicionalmente prioritarias como el desempleo, la corrupción y el alto costo de la vida.
Queda
claro que el 74.6 % de la población reconoce que hay un problema que
atender y procurar su solución. Las
autoridades también encaminan acciones al respecto, en aras de garantizar
el bienestar integral de las
personas, en todo el territorio nacional. Desde hace más de una década se
vienen diseñando e implementando (aunque parcialmente) planes y programas, a
veces integrales, otras veces focalizados y muy puntuales, para atender la
problemática. En tal sentido, cabe inferir que el hecho de que como dominicanos,
no hayamos logrado los resultados
deseados en cuanto al tema de seguridad
de las personas, no se debe a una falta de interés del gobierno en
solucionar el problema y mucho menos a la apatía de la sociedad ante esta
preocupante situación.
Parte
de la reflexión sobre este tema debe conducirnos a revisar en cuáles aspectos hemos fallado de forma reiterada, tanto
como sociedad y como gobierno; cuáles factores han incidido para que, en vez de
mejorar en el tema de seguridad, una década después, nos hayamos convertido en
una sociedad cada vez más violenta, en la cual el 74.6 % de los habitantes
considera que no tiene garantizado el derecho a la libertad, seguridad e
integridad personal que consagra nuestra Carta Magna, en sus artículos 40 y 42.
Sin
duda alguna, entre los tantos errores
que hemos cometido para atender esta problemática, uno de los principales ha
sido el “dar por conocido y entendido el
concepto «seguridad ciudadana»”.
En
la República Dominicana es muy usual
que periodistas, comunicadores, funcionarios, empresarios y hasta el más común
de los ciudadanos se refieran constantemente, de una u otra forma, al “problema de la seguridad ciudadana”,
sin embargo, ante la simple pregunta: ¿A qué te refieres, cuando dices «seguridad
ciudadana»? recibiremos una cantidad inestimable de opiniones, parcialmente
atinadas, pero en la mayoría de los casos disimiles y contradictorias entre sí.
Esto
debido a que como sociedad, hemos caminado tan apresurados en resolver el
problema de la seguridad ciudadana, que no
hemos querido “perder tiempo” tratando de comprender de forma simple, llana y puntual el significado y
alcance del concepto seguridad ciudadana. En ese derrotero no solo le agregamos
atributos y elementos que no son competencias de la seguridad ciudadana, sino
que peor aún, llegamos a utilizar como si
fueran sinónimos los términos «seguridad ciudadana» e «inseguridad ciudadana».
Por
lo que es momento de hacer un alto en el
camino y detenernos a reflexionar sobre aquellos elementos básicos que nos
ayuden, primero, a aproximarnos a una comprensión conceptual de la «seguridad
ciudadana», y luego, a tratar de identificar los factores que afectan de forma
negativa la posibilidad de disfrutar de ciudades seguras para bienestar y
sosiego de todos sus habitantes. Solo así podremos encaminarnos finalmente hacia
la construcción de soluciones que
atiendan de forma integral el desafío de garantizar la seguridad de las
personas.
Propongo
empezar por convencernos de que la
«seguridad» en sí misma es algo
abstracto pero a su vez multidimensional, porque puede aplicarse a
cualquier actividad que involucre al ser humano, sin embargo no puede tocarse,
es intangible. Ha sido definida como el sentimiento
de protección frente a carencias y peligros que afecten negativamente la
calidad de vida. También puede considerarse como “segura” aquella situación
donde están controlados los factores adversos que pudiesen afectar el
desarrollo natural de algo.
No
es lo mismo seguridad ciudadana que seguridad
pública; esta última engloba al conjunto de acciones gubernamentales y sociales
que son encaminadas por el gobierno para incidir positivamente en las
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorecen el
bienestar de las personas. Por lo tanto, toda política social, cultural,
económica, educacional, laboral o de seguridad ciudadana, puede considerarse
como parte de una política de seguridad pública, pero no toda política de seguridad pública es de seguridad ciudadana.
Resulta
muy oportuna la definición del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), publicada en su informe 2013-2014 denominado “Seguridad
Ciudadana con Rostro Humano” en el cual se percibe la «seguridad ciudadana» como
aquella situación institucional y social en la cual las
personas pueden gozar y ejercer
integralmente sus libertades y derechos. Pero ésta solo puede darse a partir de la plena vigencia
de un Estado Democrático de Derecho, para garantizar
el desarrollo integral de las personas, mediante la preservación
de su integridad física y la de sus bienes y propiedades.
Contando además, con un sistema de justicia lo suficientemente robusto y
eficiente para prevenir y perseguir el crimen y el delito, a fin de restablecer
el derecho a la seguridad ciudadana que en algún momento pudiese resultar
vulnerado.
Luego
de esta breve revisión conceptual de la «seguridad ciudadana» es momento de
aclarar sobre el uso inadecuado del término «inseguridad ciudadana» puesto que
como explicaremos en las líneas siguientes, “la inseguridad ciudadana no existe”, resulta más apropiado
referirse a este flagelo como “falta de seguridad”. De hecho hasta en el diccionario
de la Real Academia Española (RAE) se define a la «inseguridad» como la «falta
de seguridad».
Al
igual que la sombra, que solo aparece y permanece ante la ausencia de luz, la
sensación de inseguridad surge ante la percepción de falta de seguridad. Por lo
que en la medida en que los mecanismos de protección de un lugar resultan suficientes
para garantizar la integridad y bienestar de las personas, se reducen
proporcionalmente los sentimientos de inseguridad e incertidumbre.
Como
parte de ese ejercicio colectivo hacia la construcción de una sociedad
dominicana menos violenta y más segura para todos, empecemos por descartar de nuestro vocabulario el uso de expresiones
que incluyan el término «inseguridad
ciudadana» y comencemos a requerir de nuestras autoridades nacionales y
locales, el cumplimiento del mandato constitucional de procurar nuestra seguridad
e integridad personal.
Pero
no debemos quedarnos como simples receptores pacíficos de los que solo piden al
gobierno que les “resuelva” sus problemas. Ya es tiempo de todos los
dominicanos comencemos a cumplir la ley en nuestro diario accionar y que además,
nos involucremos como ciudadanos responsables, en la implementación de eso
planes y acciones integrales de seguridad ciudadana coordinados por el gobierno;
eso sí, asegurándonos de que, por un lado atiendan las causas estructurales que
generan la falta de seguridad ciudadana y que por el otro, se eficientice todo el
sistema de protección de la integridad y el bienestar de las personas, tal como
lo instruye el Objetivo 1.2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en procura
del imperio de la ley, la ciudadanía responsable, la seguridad ciudadana y la
convivencia pacífica de los que habitamos en este extraordinario pedazo de
isla, coloquialmente denominada “Quisqueya la bella”.
Todos
(sociedad y gobierno) debemos accionar para que la seguridad ciudadana y la
reducción de la violencia en República Dominicana dejen de ser una aspiración
casi inalcanzable y comiencen a convertirse en una maravillosa realidad,
palpable y disfrutable.
