El reto de gestionar los recursos energéticos de
forma innovadora y ambientalmente sostenible
El
acceso a la energía ha sido definido como la fuerza vital de la humanidad,
convirtiéndose en el motor del desarrollo económico de las sociedades, ya que
sus principales componentes: el combustibles y la electricidad, son
indispensables en cualquier proceso de producción, transporte y consumo de
bienes o servicios, para satisfacer las necesidades elementales de las
personas, independientemente de que estas habiten en un país desarrollado o en
vía de desarrollo.[i]
Para
los Estados, la energía, además de un factor esencial para la productividad, se
ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que implica la gestión eficaz
del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura energética, así
como, las capacidades de satisfacer la demanda actual y futura, de manera
eficiente, confiable y ambientalmente sostenible.[ii]
La
República Dominicana, mediante la Ley Número 1-12, ha adoptado la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END, 2030) cuyo tercer eje procura una economía
sostenible, integradora y competitiva; estableciendo como uno de sus objetivos
específicos, asegurar un suministro de energía confiable, eficiente, a precios
competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
El
Prólogo de la END-2030, señala que si bien el modelo de desarrollo que ha
guiado la economía dominicana durante las últimas décadas ha dado lugar a un
crecimiento importante; dicho crecimiento económico no ha logrado impactar de
forma positiva el desarrollo socioeconómico del país, esto debido a que el
modelo económico implementado, aún muestra debilidades que limitan sus potencialidades
para construir el país deseado, entre las que se destacan: insuficientes
relaciones entre los sectores productivos, inequidad en el desarrollo de las
capacidades productivas y limitaciones para una inserción competitiva del país
en la economía global.[iii]
Según
el informe del Banco Mundial del año 2014, la República Dominicana ha tenido un
desempeño económico sobresaliente durante las últimas décadas. Siendo una de
las de más alto crecimiento en Latinoamérica, con un incremento promedio del PIB
en torno al 5,5 por ciento, por año, entre 1991 y 2013. Sin embargo, ese
crecimiento económico, trae consigo un incremento en la demanda de energía,
cuyo suministro eficiente y a precios competitivos sigue siendo uno de grandes
desafíos que enfrenta el país, desde hace más de medio siglo.
El
Estado dominicano debe abocarse a determinar el costo socioeconómico que ha
representado para el desarrollo nacional, la ineficiencia del sector energético
(electricidad y combustibles), caracterizado por problemas de desabastecimiento
y elevados gastos de generación eléctrica, sumado esto al déficit permanente en
el suministro y una baja calidad en el servicio servido. A pesar de existir una
importante cantidad de estudios y documentos que abordan la crisis del sector
energético dominicano, la mayor parte de estos se concentran en lo relativo al
comportamiento de la demanda energética, la dinámica de los precios, la
tendencia de crecimiento del consumo de energía, y del subsidio gubernamental;
sin embargo, no han sido encontradas evidencias de investigaciones importantes
referentes a las políticas de seguridad energética y mucho menos, a las repercusiones
socioeconómicas de la crisis energética en cada uno de los sectores de la
economía, consumidores finales de energía: industrial, transporte, residencial,
comercial y gubernamental.
El
tema de la seguridad energética, debe ser abordado con la debida conciencia de
que el acceso a la energía constituye un servicio social, íntimamente vinculado
a las oportunidades económicas, el cual, sumado a otras libertades políticas,
se convierte en un pilar fundamental del crecimiento económico, cuyo objetivo
final debe ser el desarrollo social y el bienestar de las personas.[iv]
La
debida comprensión de esta problemática implica identificar los principales
retos que enfrenta el país para gestionar sus recursos productivos de forma
innovadora y ambientalmente sostenible, a fin de garantizar una generación
estable y un suministro eficiente de energía, que además podría crear nuevas
oportunidades de inversión y externalidades positivas en otros sectores de la
economía. En tal sentido, los tomadores de decisión, están compelidos a la
formulación de estrategias y políticas públicas que incidan en el sector
energético en aras de encontrar una solución definitiva a la problemática
energética de la República Dominicana.
