martes, 31 de octubre de 2017

RD obtiene baja calificación en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

Especialista en Seguridad

La República Dominicana quedó en el puesto 95, de los 127 países evaluados en el año 2016, para el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI, por sus siglas en inglés), ranking mundial con el cual se mide el desempeño de la policía y otras instituciones públicas encargadas de la seguridad interna en cada país, con una calificación que oscila entre 0.0 y 100 puntos. El primer lugar lo ostenta Singapur con una calificación general de 89%, mientras que el peor valorado del mundo es Nigeria, en la última posición, con apenas un 25%.
En la primera edición del Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna, realizado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales (IPSA) y el Instituto de Economía y Paz (IEP), se busca medir la capacidad del aparato de seguridad de un país para responder a los problemas de seguridad interna, del momento y los que podrían surgir en el futuro, en base a 16 indicadores agrupados en cuatro áreas claves: 1) Capacidad, o el nivel de los recursos destinados a seguridad; 2) Proceso, incluyendo las posibilidades de usar los recursos de manera efectiva; 3) Legitimidad, que implica el nivel de confianza de la ciudadanía en las autoridades, la corrupción y el comportamiento justo de las instituciones; 4) Resultados, que evalúa los niveles reales y percibidos de crimen y violencia. El estudio también analiza cómo los resultados de cada país, en cada grupo de indicadores, se relacionan entre sí, para seguir las posibles tendencias de los diferentes campos en el tiempo.

(Gráfico 2) Fuente: WISPI
El reporte completo del WISPI-2016, que puede ser consultado en inglés en http://wispindex.org/#/ detalla con gráficos explicativos el desempeño de América Latina con relación a las demás regiones del mundo. En el cual Venezuela (119) y México (118) y Honduras (116) obtuvieron la peor calificación de nuestra región, mientras que Uruguay (35) y Chile (43) ocuparon los mejores lugares. (Ver gráfico 2)

De los 20 países latinoamericanos incluidos en el informe, la República Dominicana quedó en el puesto 11, con una calificación general de 47%, sin embargo, al desglosar el desempeño en las cuatro áreas claves evaluadas, los dominicanos tenemos la peor calificación en el renglón de Proceso (29%), debido esencialmente a problemas de: Sub registro de los casos, denuncias de corrupción y pagos de sobornos a la policía. 

También presentamos serias dificultades en materia de Legitimidad (42%) por falta de confianza en la policía y por denuncias de uso de bienes públicos para beneficio privado.

(Gráfico 3) Fuente WISPI
En el campo de Resultados obtuvimos (50%), pese a que incluye los indicadores de tasa de homicidios, con calificación (0.0%) y percepción de seguridad pública (38%), esto debido a que se calcula en base al promedio, sumando los otros dos indicadores, crímenes violentos (68%) y bajo riesgo de terrorismo (95%), en los cuales tenemos mejor puntaje.

Hemos quedado mejor posicionados en el renglón de Capacidad (73%) porque se calcula la cantidad de personas que integran la nómina de la policía (94%), las fuerzas armadas (100%) y servicios privados (90%),  de seguridad, pese a que, en disponibilidad de espacios para prisión en condiciones dignas obtuvimos un (0.0%) (Ver gráfico 3)

La situación dominicana no dista mucho de los demás países de Latinoamérica, donde los puntajes más altos fueron para capacidad, mientras que el acápite de proceso resultó el peor calificado.

Cuando el estudio mide el "aparato de seguridad" se refiere predominantemente a la policía, aunque una serie de indicadores también afectan la capacidad de las fuerzas armadas, el sistema judicial y el sector privado para abordar cuestiones de seguridad interna.


Es por esto que un país como República Dominicana que no tiene conflictos bélicos internos, puede tener un peor rango que un país que tiene más problemas, en especial porque se ha dedicado más recursos, tales como cuerpos especializados con componentes de las fuerzas armadas a atender asuntos de seguridad ciudadana, que son del ámbito esencialmente policial, limitando en consecuencia, el desarrollo de las capacidades policiales para cumplir su misión natural, que es garantizar el orden público. RD obtiene baja calificación en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

jueves, 19 de octubre de 2017

¿Más protegidos o atrapados por la seguridad?

Según el Informe Final de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2015), publicado en enero de 2017, la delincuencia común es el problema con mayor incidencia en la población dominicana, preocupando al 74.5 de los encuestados para este estudio, dirigido por la Oficina Nacional de Estadística, en el cual se mide la percepción de seguridad ciudadana en el país.

Otras investigaciones también establecen que la creciente preocupación sobre la seguridad ciudadana en los últimos años ha incidido grandemente en el cambio de conducta de los habitantes, en casi todas las zonas urbanas de la República Dominicana, quienes han preferido auto resguardarse en un fracasado intento de protegerse, para evitar ser víctimas de la delincuencia común.


En ese afán de buscar soluciones particulares al problema colectivo de la seguridad ciudadana, los dominicanos gastan entre un 9% y un 45% de sus ingresos en adquirir algún mecanismo o dispositivo para incrementar sus niveles de seguridad, entre los que destacan, verjas, cerraduras, cámaras, alarmas, blindajes, servicios de vigilancia, entre otros. El problema principal radica en que esos mecanismos y dispositivos extremos de protección, asumidos por iniciativa propia, a veces sin la orientación adecuada, con la intención de evitar ser víctima de la delincuencia podrían hacer que quedemos atrapados en caso de un evento inesperado, como un incendio, un terremoto o una emergencia médica, poniendo en peligro nuestras vidas y generando, en muchos casos, una fatalidad mayor.

Para los dominicanos ya resulta algo común ver las viviendas y residenciales con verjas
perimetrales, cerrojos y otros dispositivos de seguridad, que convierten en una especie de reclusorio el espacio destinado para la tranquilidad y el sosiego familiar, limitando y, en muchos casos imposibilitando la facilidad de escape rápido ante una emergencia, quedando “atrapados” en vez de “asegurados”.

Es importante comprender que la seguridad es un asunto multidimensional y sumamente complejo, que no debe ser abordado de forma empírica ni aislada, puesto que en materia de seguridad, y muy especialmente en el área de la seguridad ciudadana (la que tradicionalmente más inquieta al ciudadano común), es irracional pensar que se le puede dar un solución integral y permanente, con pequeñas acciones de particulares o con planes perentorios, que prontamente pierden vigencia y efectividad para resolver tan grave problema.

La única forma lógica de atender el tema de seguridad implica el diseño e implementación de una política pública de largo plazo, de carácter estructural, que trascienda lo puramente coyuntural, la cual debe ser resultado de un arduo proceso de discusión y reflexión entre la autoridad pública  y los ciudadanos, puesto que desde el enfoque de seguridad democrática, los pueblos ya no son simples receptores, sino corresponsables en el desarrollo, preservación y enriquecimiento de esa seguridad, entendida y asumida como un bien público.

Parte de esa cultura de seguridad ciudadana pendiente de promover en los ciudadanos dominicanos, debe concientizarnos sobre el hecho de que, si bien es cierto que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad pública, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo a su desarrollo integral, al disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; también la seguridad ciudadana es un “Bien Público” que en principio es responsabilidad primaria del gobierno, pero también compete a los liderazgos locales y a la sociedad civil en su conjunto, cuya participación es indispensable para que cualquier estrategia o política de seguridad ciudadana funcione.


¡Basta ya! de actuar con esa cultura de individualismo atroz que hemos construido, buscando soluciones particulares a los problemas colectivos. Es iluso pretender que aportamos al desarrollo nacional y a la mejora de nuestra calidad de vida integral con acciones tan egoístas como adquirir un inversor o una planta de generación eléctrica, un tinaco, cisterna o bomba ladrona, un servicio de seguro médico o educativo privado, un arma de fuego, cámaras, alarmas y un guachimán. Con ese accionar solo demostramos que, mientras reclamamos del gobierno y la comunidad la solución a los problemas de seguridad que nos afectan a todos, realmente lo único que nos importa es nuestro micro mundo, olvidándonos de que, sin seguridad para todos, la seguridad individual que pretendemos es imposible.