La existencia de un ministerio de defensa de por sí
constituye un indicador básico de suma importancia sobre la calidad de las
relaciones civiles-militares de un país,[i]
según argumentan diversos autores, entre ellos Thomas Bruneau y Richard Goetze.
Sin embargo, también deben ser agregados otros elementos
a este criterio, puesto que el hecho de tener una institución gubernamental
encargada de los asuntos de defensa, no garantiza el desempeño saludable de las
relaciones civiles-militares y mucho menos político-militares.
En el caso de la República Dominicana, la Institución a
cargo del tema de defensa es el
Ministerio de la Fuerzas Armadas, el cual es encabezado por un militar de alto
rango en servicio activo, agregado esto al hecho de que su normativa vigente no
contempla la participación de personal civil en su estructura.
Este trabajo de investigación tiene como propósito
analizar la situación actual de las relaciones civiles-político-militares en la
República Dominicana, tomando en consideración el hecho de que cursa en el
Congreso Nacional el proyecto de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
OBJETIVO: Esta investigación tiene como propósito principal analizar el nivel de desarrollo de
las relaciones político-militares de la República Dominicana, con el interés de
pronosticar el impacto que podría causar en estas relaciones la designación de un
ministro civil en la conducción política de las fuerzas armadas.
VARIABLE INDEPENDIENTE: La legislación dominicana no contempla la inserción de la
carrera civil en la estructura del Ministerio de las Fuerzas Armadas ni en la
administración del sector de la defensa nacional.
VARIABLE DEPENDIENTE: La no existencia de la carrera de personal civil en el
área de defensa dificulta un análisis objetivo del nivel de avance y desarrollo
de las relaciones entre las élites políticas y militares dominicanas.
RELACIONES
POLITICO-MILITARES EN LATINOAMÉRICA
La defensa nacional ha sido definida como el conjunto de
medidas y acciones del Estado, con énfasis en la expresión militar, para la protección
del territorio, la soberanía y los intereses nacionales, contra amenazas
preponderantemente externas, potenciales o manifiestas.[ii]
El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el
territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad de las instituciones,
del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los
asuntos de interés común. La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una
política integral del Estado, con líneas transversales de acción de aplicación
nacional.[iii]
Como actividad, la defensa nacional busca mantener las
condiciones de seguridad externa necesarias para que el país pueda asegurar sus
intereses vitales. Como estructura es la organización y el conjunto de recursos
materiales y humanos destinados al cumplimiento de la actividad antes definida.
Es una función esencial del Estado, en tanto sólo éste puede organizar y
emplear la fuerza legítima, en protección de sus intereses. Implica además, la acción
integral del Estado, ya que involucra el empleo de todos los medios nacionales,
necesarios a fin de prevenir y eliminar amenazas y resolver conflictos,[iv]
ya sean estos civiles o militares, públicos o privados.
Control o Conducción Política
Todavía quedan vestigios de las tensas relaciones civiles-militares que caracterizaron la historia latinoamericana hasta tiempos recientes, en donde la intervención militar en los asuntos políticos fue muy marcada, como bien plantea Marcela R. Donadio, en su artículo sobre “Las Relaciones Cívico-Militares y la Construcción de Instituciones en América Latina”, donde establece además, que aunque en las dos últimas décadas disminuyeron las tradicionales intervenciones militares en la región, aún quedan ciertos residuos de resistencia a ceder a los civiles la conducción efectiva de los asuntos relativos a la defensa y la seguridad. [v]
Todavía quedan vestigios de las tensas relaciones civiles-militares que caracterizaron la historia latinoamericana hasta tiempos recientes, en donde la intervención militar en los asuntos políticos fue muy marcada, como bien plantea Marcela R. Donadio, en su artículo sobre “Las Relaciones Cívico-Militares y la Construcción de Instituciones en América Latina”, donde establece además, que aunque en las dos últimas décadas disminuyeron las tradicionales intervenciones militares en la región, aún quedan ciertos residuos de resistencia a ceder a los civiles la conducción efectiva de los asuntos relativos a la defensa y la seguridad. [v]
Un buen paso para iniciar el
proceso de transformación de este relacionamiento civil-político-militar hacia
la conducción política efectiva, implicará que civiles entrenados en los altos
temas de defensa y seguridad asuman su liderazgo. Pero para ello, David Pión-Berlín
formula la necesidad de la revalorización del tema de defensa y de la administración
de las fuerzas armadas, argumentando que en el caso de Latinoamérica, los
civiles responsables de la administración pública carecen de los conocimientos
sobre defensa necesarios para el completo control civil y del respeto que se
requiere de los altos mandos militares
hacia los líderes políticos que le dirigen[vi].
De los cuales la República Dominicana no es la excepción.
El
autor señala que, a diferencia de los EEUU, la industria militar
latinoamericana no genera una gran cantidad de empleos para la población civil
y, por lo tanto, los políticos no pueden beneficiarse al lograr desviar
recursos para sus intereses o programas particulares. Razón por la cual no
cuentan con suficiente incentivo para comprender la variedad de elementos
asociados con la defensa, pero a pesar de ello, las fuerzas necesitan ser
administradas[vii].
En
ese sentido, Samuel Huntington, en su
libro "The Soldier and the Estate:
The Theory and Politics of Civil-Military Relations" establece la
necesidad de civiles con capacidad para administrar a sus fuerzas armadas
políticamente y no en términos de defensa, asegurando que quien desempeñe la
función de Ministro de Defensa de lo que realmente debe ser capaz es de diseñar
una política general que integre la asignación presupuestaria y los
requerimientos de la defensa, para lo cual pudiese contar con un grupo asesor
de personal militar y civil, en condiciones de cooperarle en el desarrollo de
un programa global de defensa.[viii]
Sin embargo, en la región, los civiles todavía se encuentran en considerable
desventaja para comprender los asuntos de defensa.
Para
mejorar esta situación, en la mayoría los países de la región funcionan
escuelas y centros de formación en materias de defensa y seguridad, sin
embargo, como bien señala Harold Trinkunas, en su libro ¨Estableciendo el Control Civil en Argentina y Venezuela¨ se
requerirá cada vez más, de un compromiso serio por parte de los gobiernos, no
sólo para la impartición del conocimiento académico sobre el tema y la
inversión de recursos para la formación de civiles, como sucede en el caso de
los diplomáticos, sino más bien para crear las condiciones de que estos civiles
formados puedan integrarse a las labores de planificación de la defensa que tan
tenazmente han defendido los militares, [ix]
a fin de alcanzar lo que Huntington define como la necesidad de
institucionalización del control civil a través de la supervigilancia de la
profesionalización. [x]
Coincidiendo con “El
modelo ideal de relaciones civiles-militares” de Thomas C. Bruneau, en
donde el Jefe del Estado democrático dicta su política, y las fuerzas armadas
coordinan y asesoran sobre los medios para lograrla.[xi]
Esto a la luz del Art. 4 de la Carta Democrática
Interamericana que consagra como “elemento
fundamental ejercicio de la democracia: (…) La subordinación constitucional de
todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”
[xii]
Contexto latinoamericano
La
desconfianza y los recelos que caracterizaron la Guerra Fría, sin duda alguna,
condicionaron también el modo de relacionamiento entre los líderes civiles y
militares latinoamericanos durante la mayor parte del siglo XX.[xiii]
Esto debido en gran manera, a que los altos mandos militares visualizaban a la
clase política civil como incompetente e indisciplinada, mientras que liderazgo
civil percibía a los militares como golpistas, interesados en hacerse del poder
en busca de su propio interés, en detrimento de la sociedad en general.
Como
bien recoge Louis W. Goodman, en sus escritos sobre “Las Relaciones Cívico-Militares Latinoamericanas en el Siglo XX”[xiv] Estos
procesos de relacionamiento han ido tomando un matiz diferente en el siglo XXI,
en especial, por la cada vez más reducida
posibilidad del establecimiento de gobiernos de facto por la vía de un golpe
militar.
Sin
embargo, los índices de avances no son tan favorables como deberían, porque a
pesar de que, ya los civiles no perciben el liderazgo militar como un estorbo
para el progreso democrático, tampoco han creado las condiciones para la
institucionalización militar efectiva y su dedicación a labores esencialmente
de defensa. Iniciando desde el poder civil acciones militares para resolver
asuntos de índole social, que perfectamente deberían ser suplidos por otras
instituciones del Estado o para desempeñar funciones de policía, en combate al
crimen y a la delincuencia.
Goodman,
plantea que mientras a los militares latinoamericanos se les asigna roles que
en otros contextos son eficientemente desarrollados por civiles, se les exige
que al mismo tiempo desempeñen además, las funciones básicas de su misión tales
como la defensa nacional, respuestas a emergencias, mitigación de desastres y
cooperación con naciones amigas.[xv]
El
liderazgo civil latinoamericano pareciera no estar consciente de que esta
cultura de “soluciones militares” temporales a falencias de las otras entidades
estatales, se convierte a la larga en una espada de doble filo, en contra del
desarrollo y la democracia efectiva; esto debido a que, mientras por un lado,
limita la posibilidad de contar con fuerzas profesionales dedicadas enteramente
a las misiones propias de la defensa, por el otro, retrasa el fortalecimiento
de la institucionalización gubernamental y con ello la capacidad del Estado de
garantizar el desarrollo pleno de sus ciudadanos, en un contexto de seguridad, paz
y prosperidad.
ARQUITECTURA DEL SECTOR DEFENSA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Origen
y evolución de las Fuerzas Armadas Dominicanas
.jpg)
Como
gran parte de los países latinoamericanos, la República Dominicana posee unas
fuerzas militares que cuyo origen es anterior al de su propia constitución, por
lo tanto, su historia institucional siempre será un reflejo mismo del Estado
Dominicano. El cual ha atravesado, desde su conformación, procesos de inestabilidad
política, dictaduras, caudillismos, golpes de estado e intervenciones;
iniciando hace poco más de dos décadas el camino hacia la modernización, democracia efectiva y la
gobernabilidad.
La
seguridad y la defensa en la República Dominicana en el XXI, a juicio de Lilian Bobea,[xvi]
han sido delimitadas, gran medida, por unas fuerzas armadas cuya trayectoria
cruza fundamentalmente dos escenarios: por un lado, un recurso numerario y
voluminoso, por definición orientado a la defensa, mientras que por el otro, en
la práctica, no ha dejado de ser utilizada como un mecanismo de control
interno, supeditado por un sistema de lealtades a la figura presidencial.
Como
bien recoge Bobea, desde su constitución, a las fuerzas militares dominicanas se
les asignó el rol explícito de garantizar la integridad territorial en
respuesta a los temores por parte de las élites políticas y gobernantes de
eventuales fraccionamientos provenientes de las luchas de separación de Haití. Más
tarde también sirvieron como fuerzas de choque y contrainsurgencia frente a los
movimientos sociales, huelgas y fuerzas de oposición que se asumía atentaban
contra el Estado. Lo que fue definiendo desde muy temprano su rol como
mecanismo de control a lo interno de la nación, al servicio del poder político
de turno.
A
pesar del papel preponderante que jugaron los militares en la esfera
sociopolítica nacional durante y después de la dictadura, en las últimas
décadas del siglo pasado fueron perdiendo preeminencia, pasando a desempeñar
roles de nivel más secundario, como entes instrumentales para la modernización
política del Estado, como parte de los
procesos de urbanización, internacionalización y liberalización económica y
política que experimentaba el país.
Lo
lamentable es que esos procesos de reconfiguración del estamento militar
dominicano no han sido producto de una planificación estratégica estatal ni por
imperativos de institucionalización, por el contrario, en la mayoría de los
casos se han debido a momentos de crisis social y rupturas políticas, prolongándose
cada vez más la ausencia de una política de defensa explícita, la integración
del personal civil en la planificación de la defensa y la impostergable actualización de la doctrina
militar.
Marco
Jurídico
Las Fuerzas Armadas Dominicanas, como tales, tienen su principal asidero jurídico-legal, en lo que establece Constitución de la República de 2010, en su artículo 252, delegando en ellas la responsabilidad absoluta de la defensa de la nación, situándolas además, en el ámbito de la apoliticidad partidista y la obediencia al poder civil.[xvii]
Se rigen por una arcaica ley orgánica que data del 31 de julio del 1978, que en su artículo primero les asigna la función de mantenimiento del orden público, además de defender la integridad territorial, la Constitución y las leyes.
Las Fuerzas Armadas Dominicanas, como tales, tienen su principal asidero jurídico-legal, en lo que establece Constitución de la República de 2010, en su artículo 252, delegando en ellas la responsabilidad absoluta de la defensa de la nación, situándolas además, en el ámbito de la apoliticidad partidista y la obediencia al poder civil.[xvii]
Se rigen por una arcaica ley orgánica que data del 31 de julio del 1978, que en su artículo primero les asigna la función de mantenimiento del orden público, además de defender la integridad territorial, la Constitución y las leyes.
El marco normativo en materia militar nacional incluye
además, la Ley 147-02, que establece el modo como se activa la defensa nacional
en condiciones de riesgo o amenazas, en caso de desastres o calamidad nacional;
el Decreto del Poder Ejecutivo Núm. 310-06 (14/6/2006), que ordena el apoyo de
las fuerzas armadas a la Policía Nacional para prevenir la actividad delictiva
y garantizar la paz ciudadana y el Decreto 189-07, que establece la Directiva
Nacional de Seguridad, y reconoce la necesidad de la definición de una política
de seguridad y defensa nacional.
Existe además, una Comisión Permanente para la Reforma y
Modernización de las Fuerzas Armadas, con el mandato de formular políticas
claras sobre reforma, adecuación e institucionalización de las fuerzas armadas,
para inducir a una cultura de transformación institucional que garantice la
aplicación de un esquema de defensa y seguridad nacional, orientado a propiciar
el clima de paz necesario para la consecución de los objetivos del desarrollo
nacional.[xviii]
Hace varios años cursa en el Congreso de la República el
proyecto de modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Estructura
del Ministerio de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas Dominicanas, están bajo el mando del Ministro de las Fuerzas Armadas, un militar de alta graduación en servicio activo, que a su vez está directamente subordinado al Presidente de la República, quien es, por mandato de la Constitución, el Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas Dominicanas, están bajo el mando del Ministro de las Fuerzas Armadas, un militar de alta graduación en servicio activo, que a su vez está directamente subordinado al Presidente de la República, quien es, por mandato de la Constitución, el Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Para el cumplimiento de su misión, están constituidas por
tres instituciones que son: el Ejército
Nacional, que abarca las fuerzas que protegen y defienden las fronteras
terrestres; la Marina de Guerra,
llamada a velar y defender la integridad nacional en los espacios marítimos,
fluviales y lacustres, y la Fuerza Aérea
Dominicana, integrada por las fuerzas militares que defienden, protegen y
resguardan el espacio aéreo del territorio nacional.
Cabe destacar que ni la legislación vigente ni el
proyecto de ley que cursa en el Congreso contemplan la inclusión de personal
civil en la estructura del Ministerio de las Fuerzas Armadas y ni siquiera ha
estado en el debate público la
posibilidad de que el personal militar y policial pueda ejercer su derecho
ciudadano al voto.
Misiones,
roles y funciones asignadas
Tanto
la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas
delegan en el estamento militar misiones de índole diversa, en muchos casos,
foráneas a su naturaleza fundamental, entre las que cabe destacar:
- Defender la integridad, soberanía e
independencia de la Nación.
- Asegurar el cumplimiento de la
Constitución y las leyes.
- Mantener el orden público interno.
- Proteger el tráfico terrestre,
industrias y comercios legales.
- Apoyar a las autoridades y funcionarios
legalmente constituidos, en la forma prevista en las leyes y reglamentos
militares.
- Proteger las personas y sus
propiedades.
- Desempeñar las funciones del
servicio militar a que fueran destinadas por el Presidente de la República.
- Mantener el orden público en las
costas y aguas territoriales y en el espacio aéreo de la república.
- Proteger el tráfico aéreo, de industrias
marítimas legales, haciendo respetar sus intereses y pabellones.
- Combatir la piratería terrestre, aérea
y marítima, las contravenciones a las leyes, disposiciones sobre
navegación, comercio aéreo y los tratados internacionales.
Pero
además, como bien recoge Bobea en sus escritos, los gobiernos dominicanos han
recurrido de forma reiterada al recurso militar,
involucrándolos en actividades de patrullaje, control de tránsito, desarticulación
de redes y puntos de micro tráfico urbano y en acciones de desarme de la población.[xix]
A tal grado que la población común no distingue diferencia alguna entre
militares y policías, y mucho menos, están conscientes de que tienen roles y
misiones diferentes.
La
presencia de efectivos militares en la vida pública no sorprende al dominicano,
de hecho, durante los mandatos del Presidente Balaguer y de otros gobernantes,
aunque en menor medida, los militares en servicio activo han desempeñado en
múltiples ocasiones funciones administrativas en las instituciones civiles del
Estado, controlando los aeropuertos y puertos nacionales, comandando acciones
de desalojo de tierras, de guardabosques y control de foresta, de patrullaje
interno, especialmente en regiones donde otras entidades del Estado no tienen mucha
presencia.
Tradicionalmente,
los políticos dominicanos han utilizado la infraestructura castrense para
atender asuntos urgentes, para soluciones temporales, para elevar su perfil
social e incluso para conseguir la simpatía de los votantes, destinando
personal militar para desarrollar campañas de alfabetización, de vacunación, de
recolección de residuos, de poda y siembra de árboles, deportivas, etc.
Pero
además, en momentos de conflictos y desavenencias con sectores sociales sindicalizados,
algunos gobernantes no han titubeado en utilizar el recurso militar para
sustituir a médicos o maestros en huelga, e incluso como personal obrero para
la siembra o exterminio de plantaciones y cultivos.
En
tal sentido, desde su creación, las fuerzas armadas permanentemente han sido
compelidas a ejecutar funciones “no militares”, llenando los espacios no
cubiertos por otras entidades del Estado, para garantizar, de alguna manera, la
legitimidad e integridad de los gobiernos de turno.
Todas
estas funciones y roles desempeñados que no se corresponden con la naturaleza
de los cuerpos castrenses, en vez de aportar al desarrollo nacional, más bien
han servido de obstáculo para la institucionalización y profesionalización de
las propias fuerzas armadas y peor aún, ha limitado además el fortalecimiento
de otras entidades del Estado, llamadas a cumplir su rol social en beneficio de
la nación.
SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS RELACIONES POLITICO-MILITARES EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Ámbitos
de relacionamiento Civil-Político-Militar
Debido a la diversidad de enfoques
teóricos para describir el relacionamiento entre los entes civiles y militares
de una nación se hace preciso, establecer en enfoque adoptado para intentar
explicar el caso dominicano.
La
relaciones civiles-militares, según Pacheco Gaitán, pueden entenderse en una
dimensión horizontal, [xx] en
donde la primacía no es de la subordinación del poder, sino más bien, del
establecimiento de relaciones de cultura y conocimiento sobre temas de defensa
entre civiles, militares y otros diversos sectores de la sociedad, en
discusiones de muchos de los asuntos importantes para la consolidación
democrática y la formulación de estrategias, propuestas sobre políticas de
defensa y seguridad nacional.
Mientras
que Bruneau, considera el espacio de la
relación político-militar, de naturaleza jerárquico-vertical,
necesaria para alcanzar y
reafirmar el control político sobre las fuerzas militares, puesto que el
control político es “sobre el poder” pero las relaciones institucionales
estructurales “son de poder”.[xxi] Esta dinámica, incluye
tanto las alternativas del diseño y ejecución de la política de seguridad y
defensa como la relación que el aparato militar del Estado entabla con los
representantes electos.[xxii]
En República Dominicana, el relacionamiento civil-militar puede
situarse fundamentalmente en el contexto de los centros de pensamiento y foros
académicos sobre el tema, en los programas de cooperación con entes del sector
privado y organizaciones no gubernamentales, así como con los medios de
comunicación y la opinión pública, en sentido general.
Por otro lado la dimensión político-militar inicia en la
subordinación absoluta de las fuerzas armadas al Poder Ejecutivo,
entendido de forma casi exclusiva en la
figura del Presidente de la República y en ínfimo grado a las demás autoridades
e instituciones civiles.
En el caso el Congreso Nacional, llamado a jugar un papel preponderante
en los temas de defensa, el control es mínimo, por no decir casi inexistente,
limitado fundamentalmente, a los asuntos
de control y asignación presupuestaria y
a la rúbrica de piezas legislativas que les someten sobre la materia. Debido en
gran medida a la apatía que tradicionalmente los políticos nacionales han
mostrado sobre los temas de seguridad y defensa, estigmatizándolos como
“asuntos de guardias” que no generan una renta cuantitativa en votos
electorales.
Pareciera que la clase política nacional no ha
comprendido que para la consecución de los objetivos y los intereses
nacionales, el sector defensa juega un rol fundamental, puesto que, como bien
plantea David Pión Berlín, aunque el sector defensa es regido por el gobierno,
implica el concierto de todas las entidades de la vida nacional, las cuales
están constitucionalmente compelidas a participar en el proceso de cumplimiento
de una de las funciones básicas del Estado, la defensa nacional, la cual debe
ser considerada como un bien público, en un sentido integral, puesto que la
misma concurre a hacer posible el desarrollo de la sociedad.[xxiii]
Libro
blanco y/o política de defensa Nacional
La
preparación de un Libro Blanco de Defensa constituye de por sí una labor
fundamental en la democracia. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha
definido el Libro Blanco de Defensa como
un documento de política clave en el cual se expone el concepto de defensa del
Gobierno. [xxiv]
Es
un documento público en que se presenta el amplio marco de política estratégica
para la planificación de la defensa, con una perspectiva de mediano plazo. Estableciendo
que su diseño debe ser suficientemente flexible como para dar cabida a pequeños
cambios del entorno de seguridad.
Entre
las recomendaciones de la OEA, destaca que estos deben producirse luego de
amplias consultas dentro y fuera del Gobierno, debido a que estos documentos
están destinados a reflejar un consenso de amplia base con respecto al papel
que deben cumplir las fuerzas de defensa en el país, en el contexto de las
prioridades nacionales y del marco jurídico y los recursos del país.
Los
Libros Blancos son, además, instrumentos tendientes a hacer efectiva la
responsabilidad. Lo que permite hacer compromisarios al Ministerio de Defensa y
a las fuerzas armadas de los objetivos estipulados, y además permite a esos
organismos justificar las solicitudes de recursos presupuestarios que necesitan
para alcanzar ese nivel de desempeño a los efectos del cumplimiento de la
política de defensa del gobierno.
Desde
su aparición a mediados de los 90’s, han pasado a constituirse en un instrumento
de confianza mutua en las relaciones inter-estatales modernas, pero ante todo,
representan un nivel de madurez de las relaciones cívico-militares en la medida
en que su elaboración parte en un esfuerzo mancomunado y de una voluntad consensuada
entre actores y entidades nacionales.
En el caso de la República Dominicana, en el
marco de un debate nacional que tuvo lugar sobre la reforma constitucional de
2010, se retomaron las discusiones sobre la inexistencia de una política de
defensa y la urgencia de superar ese vacío. Pero ya desde finales de los años
90’s se han iniciado desde el gobierno
fallidos intentos para abordar y
resolver esta cuestión.
En 2007, el Poder Ejecutivo emitió mediante
el Decreto 189-07, la Directiva de Seguridad y Defensa, estableciendo en su artículo
3 el mandato y los parámetros para el desarrollo de la política de seguridad y
defensa del país, mediante la aprobación de una Ley de Seguridad y Defensa Nacional,
con el objetivo expreso de redefinir las
misiones y objetivos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad pública,
así como la inclusión de nuevas figuras como el Consejero de Seguridad.
En
uno de sus acápites reconoce la necesidad de la participación activa de la
sociedad civil en el debate de las grandes cuestiones de política de seguridad
y defensa, argumentando que el debate político alrededor de la defensa es
esencial para la legitimidad de las propias fuerzas armadas y también para su
imagen.
Sin
embargo, seis años después de la emisión de este decreto no se ha completado
ninguna de las siguientes doce directrices que instruye para la formulación de
la Política de Defensa y Seguridad Nacional:
- Definición
e identificación de los objetivos nacionales,
- Aprobación
de una Ley de Seguridad y Defensa Nacional.
Y la inclusión de la figuras del Consejero
de Seguridad Nacional,
- Modificar
la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
- Publicación
del Libro de Defensa y el Manual de
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas,
- Creación
del Sistema de Nacional de Inteligencia,
- Fortalecimiento
de la Comisión Permanente de Reformas y Modernización de las Fuerzas
Armadas,
- Definir
el modelo de Fuerzas Armadas,
- Impulsar
la transformación de las Fuerzas Armadas,
- Desarrollar
un nuevo modelo de institucionalización y Profesionalización,
- Reformar
la carrera militar,
- Mejorar
el equipamiento,
- Fomentar
la investigación, el desarrollo y la innovación para mantener un nivel
tecnológico adecuado.
Un
ministro civil en la conducción política de las fuerzas armadas dominicanas
Para Thomas C. Bruneau, un Ministerio de Defensa es un
elemento central en las relaciones Civiles-militares. Puesto que su estructura
se concibe como la solución al problema paradójico clásico de “¿quién vigila a
los vigilantes?” [xxv] Si la respuesta correcta es que son civiles
democráticamente elegidos los que vigilan a los vigilantes, entonces un Ministerio
de Defensa a cargo de un civil debería considerarse como el medio fundamental a
utilizar para ejercer este control.[xxvi]
Sin embargo, en otro documento, junto a Florina
Cristiana, el mismo Bruneau reconoce
que, incluso donde el control civil es incuestionable, como en los Estados
Unidos, el control civil por sí mismo no garantiza que los formuladores de políticas
tomen buenas decisiones, o que implementarán las políticas de tal manera que
resulten en un éxito militar.[xxvii]
A juicio de Pacheco Gaitán, resulta sumamente arriesgado,
preconcebir una especie de receta que establezca el modelo ideal de
organización del sector de la defensa nacional, puesto que las instituciones
son consecuencia de la transformación sociocultural de cada pueblo,[xxviii] por
lo tanto, “No existen dos ministerios de
defensa que sean idénticos en su estructura, procesos o prácticas”,[xxix] sin embargo, este espacio sirve para determinar
la importancia que el poder político otorga a las relaciones de control sobre la formulación de las
políticas de defensa y al grado de colaboración entre los líderes civiles y
militares.
En la República Dominicana el
Ministerio de Defensa como tal no existe, por lo que la gestión de los temas
del sector defensa ha sido constitucionalmente asignada a las fuerzas armadas,
al mando del Ministro de las Fuerzas Armadas.
A pesar de que la Carta Magna,
ampara el hecho de que todos los ministros del gobierno sean funcionarios civiles,
en su artículo 4, estableciendo que: “El
gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y
representativo”; tanto la Ley Orgánica
de las Fuerzas Armadas, No. 873, del 31 de julio del 1978 como el proyecto de
ley que actualmente cursa en el Congreso contemplan que el Ministro de las
Fuerzas Armadas debe ser un militar de alta graduación, en servicio activo.[xxx]
A pesar de estarse discutiendo en el Congreso la nueva
normativa que regirá la administración de todo lo relativo a la defensa
nacional, no ocupa ningún lugar importante en el debate público nacional (salvo
muy esporádicas declaraciones aisladas) el interés de que resolver falencias
fundamentales, ya superadas en la mayoría de los países de la región, tales
como: que el Ministerio de las Fuerzas Armadas sea restructurado y convertido
en Ministerio de Defensa; la inclusión de funcionarios civiles a la estructura
administrativa de dicho ministerio y mucho menos, la idea de que un ministro
civil a cargo de la defensa o de las fuerzas armadas.
CONCLUSIONES
Cuando
se pretende determinar la factibilidad de la implementación de algo, se toman
en consideración factores definitivos, tales como: Si será útil a los
beneficiarios, si ayudará a alcanzar los objetivos planteados y si se disponen
de los recursos necesarios para que se haga realidad. Sin embargo, más
importante que estos factores mencionados es el interés de las partes de que esto sea realizado.
Al
finalizar este breve trabajo de investigación sobre las relaciones
político-militares en la República Dominicana y el impacto de que podría causar
en estas relaciones la designación de un ministro civil en la conducción
política de las fuerzas armadas. Hay que reconocer que el interés de definir
una política explícita que rija el sector defensa de la nación no pasa de meras
declaraciones, publicaciones de directivas y sometimiento de proyectos al
Congreso, sin intención manifiesta de que se conviertan en leyes y mucho menos,
que a alguien se le ocurrirá implementarlas.
El
nuevo gobierno del Presidente Medina ha declarado que ha pedido al Congreso
acelerar los procesos de aprobación del proyecto de la nueva Ley Orgánica para
que las Fuerzas Armadas Dominicanas puedan contar con un orden de estructura
militar y funcionamiento administrativo que les permita dar cumplimiento a su
mandato constitucional, acorde con los requerimientos de estos nuevos tiempos y
un buen relacionamiento con los sectores civiles de la sociedad.
Sin
embargo, luego de revisar el más reciente borrador de dicho proyecto de ley, se
percibe, a simple vista que no reúne las condiciones mínimas para iniciar el
proceso de transformación del sector defensa que tanto urge en la República Dominicana.
Puesto que solo se circunscribe a regular el funcionamiento orgánico de las
fuerzas y a limitar el número de Generales en cada cuerpo, desaprovechando la
gran oportunidad de considerar por ley la inclusión de la función civil en
temas de defensa y seguridad nacional.
Y es así como la apatía de la clase
política y de la opinión pública en sentido general, hace desperdiciar, como otras tantas veces, la
valiosa oportunidad para organizar con
seriedad el sector de la defensa nacional, en donde, además de modificar el
nombre de Ministerio de Las Fuerzas Armadas a Ministerio de Defensa, se
produzcan cambios sustanciales y estructurales, como el establecimiento por ley
de las posiciones que, dentro del mismo, deban ser desempeñadas profesionales
civiles.
Un
cambio de esta naturaleza sería un importante paso hacia la profesionalización
de nuestras fuerzas, la institucionalización, el fortalecimiento del Estado y
el desarrollo de la nación, pero lamentablemente pareciera que a nadie le
interesa.
[i] Thomas C.
Bruneau, ed. Scott D. Tollefson, “Who Guards the Guardians and How: Democratic
Civil–Military Relations, Austin: University of Texas Press, 2006.
[ii] (Política de Defensa
Nacional, Aprobada por Decreto Nº 5.484 - 01/07/2005)
[iii] (Política de Defensa y
Seguridad Democrática de Colombia, 2003)
[iv] (Política de Defensa
Nacional de Guatemala, 2005)
[v] Marcela R. Donadio, “Las
Relaciones Cívico-Militares y la Construcción de Instituciones en América
Latina: Enfrentando la Crisis de las Jóvenes Democracias”, Revista RESDAL, 27
de marzo de 2003, http://www.resdal.org/Archivo/d00001a3.htm#n4
(Accesado el 3/11/2012)
[vi] David Pión-Berlín,
"El manejo político de las fuerzas armadas en Latinoamérica",
Military Review, (Mar-Abril, 2005)
[vii] Pión-Berlín, "El
manejo político de las fuerzas armadas en Latinoamérica", 52.
[viii] Samuel Huntington,
"The Soldier and the Estate: The Theory and Politics of Civil-Military
Relations", (Cambrige, Massachusetts: Harvard University Press, 1957),
441, citado por David Pión-Berlín, "El manejo político de las fuerzas
armadas en Latinoamérica", Military Review, (Mar-Abril, 2005): 56.
[ix] Harold
Trinkunas, “Crafting Civilians Control in Argentina and Venezuela”
Cilvil-Military Relations in Latina America: New Analytical Perspectives, ed. David Pion-Berlin (Chapel
Hill: University of North Carolina Press, 2001), 170-172, citado por David
Pión-Berlín, "El manejo político de las fuerzas armadas en
Latinoamérica", Military Review,
(Mar-Abril, 2005): 56.
[x] Huntington,
"The Soldier and the Estate", 442.
[xi] Thomas C. Bruneau y
Florina Cristiana “Hacia una Nueva Conceptualización de la Democratización y
las Relaciones Civiles Militares” http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-bruneau-matei-2010.pdf
(Accesado el 3/11/2012)
[xii] Carta Democrática
Interamericana, adoptada por la OEA en
Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001,
http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
(Accesado el 3/12/2012)
[xiii] GOODMAN
LOUIS W., MENDELSON JOHANNA S.R., y RIAL JUAN. The Military and Democracy: The
Future of Civil-Military Relations in Latin America.Lexington Books. Lexington, Massachusetts,
1990
[xiv] Louis W. Goodman, “Las
relaciones cívico-militares latinoamericanas en el siglo XXI RESDAL 2007, Atlas
Comparativo de la Defensa en América Latina” http://www.resdal.org/atlas/paper-goodman-region.html#1
[xv] Las relaciones
cívico-militares latinoamericanas en el siglo XXI Louis W. Goodman, RESDAL 2007
[xvi]Lilian Bobea “La seguridad
y la defensa en la República Dominicana en el siglo XXI
[xvii] Constitución de la República Dominicana de 2010, http://www.procuraduria.gov.do/Novedades/PGR-535.pdf
[xviii] (Decreto 605/05-
02/11/2005)
[xix] Lilian Bobea “La
seguridad y la defensa en la República Dominicana en el siglo XXI
[xx] Guillermo Pacheco Gaitán,
“Las relaciones político-militares en democracia: los ministerios de
defensa” Security and Defense Studies
Review, (Primavera-Verano 2010): 43
[xxi] Bruneau,
“Who Guards the Guardians”, 78
[xxii] Marcela R. Donadio “Las
Relaciones Cívico-Militares y la Construcción de Instituciones en América
Latina: Enfrentando la Crisis de las Jóvenes Democracias” http://www.resdal.org/Archivo/d00001a3.htm
[xxiii] David Pión-Berlín,
"El manejo político de las fuerzas armadas en Latinoamérica",
Military Review, (Mar-Abril, 2005): 58.
[xxv] Thomas C.
Bruneau, ed. Scott D. Tollefson, “Who Guards the Guardians and How: Democratic
Civil–Military Relations, Austin: University of Texas Press, 2006.
[xxvi] Thomas C
Bruneau, ¨ Ministerios de Defensa y
Relaciones Cívico-Militares en Democracia¨, Monografía, (Centro de Relaciones
Cívico-Militares, Escuela Naval de Postgrado, Monterrey, California, 2001): 5
[xxvii]
http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-bruneau-matei-2010.pdf
[xxviii] Pacheco “Las relaciones
político-militares en democracia”, 47
[xxix] Bruneau,
“Who Guards the Guardians”, Cap. 3
