La Seguridad Nacional, generalmente evoca preservación de la soberanía, la justicia social y la integridad territorial, para la consecución de los objetivos e intereses nacionales; sin embargo, a veces se distrae la atención de un punto neurálgico que ya aparece en la legislación sobre el tema de muchos de nuestros países, el cual establece que Seguridad Nacional(1) implica, además de todo lo anterior, la plena garantía a los individuos que habitan un territorio del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y que la misma está fundamentada ineludiblemente en el desarrollo integral.
A partir de esa premisa, no resulta descabellado aseverar que la educación se constituye en un asunto de Seguridad Nacional, pasando a ser necesaria su inclusión en la agenda nacional de los países que ya son funcionales a la sociedad del conocimiento, ya que el dominio del saber se ha convertido en el principal factor del desarrollo auto sostenido de los pueblos. (2)
Es, por lo tanto, responsabilidad de todos los entes que constituyen el Estado, garantizar el acceso a las oportunidades educativas a todas las personas, promoviendo la formación de hombres y mujeres capaces de participar democráticamente y contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo,(3) rompiendo así los círculos intergeneracionales de pobreza, exclusión y marginalidad social. La educación como herramienta para la movilidad social es un derecho inalienable y una responsabilidad de la cual nuestros gobiernos no pueden renunciar.
1. Atlas comparativo de la defensa en América Latina, edición 2008, RESDAL, Buenos Aires, Argentina.
2. Mayra Lezcano, “La revolución del conocimiento”, Revista Estrategia de Negocios, diciembre 15, 2009.
3. Ley General de Educación de la Rep. Dom. No. 66’97, abril 9, 1997.
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