domingo, 26 de febrero de 2017

ACCESO A LA ENERGÍA: UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL


El reto de gestionar los recursos energéticos de forma innovadora y ambientalmente sostenible


El acceso a la energía ha sido definido como la fuerza vital de la humanidad, convirtiéndose en el motor del desarrollo económico de las sociedades, ya que sus principales componentes: el combustibles y la electricidad, son indispensables en cualquier proceso de producción, transporte y consumo de bienes o servicios, para satisfacer las necesidades elementales de las personas, independientemente de que estas habiten en un país desarrollado o en vía de desarrollo.[i]

Para los Estados, la energía, además de un factor esencial para la productividad, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que implica la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura energética, así como, las capacidades de satisfacer la demanda actual y futura, de manera eficiente, confiable y ambientalmente sostenible.[ii]

La República Dominicana, mediante la Ley Número 1-12, ha adoptado la Estrategia Nacional de Desarrollo (END, 2030) cuyo tercer eje procura una economía sostenible, integradora y competitiva; estableciendo como uno de sus objetivos específicos, asegurar un suministro de energía confiable, eficiente, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

El Prólogo de la END-2030, señala que si bien el modelo de desarrollo que ha guiado la economía dominicana durante las últimas décadas ha dado lugar a un crecimiento importante; dicho crecimiento económico no ha logrado impactar de forma positiva el desarrollo socioeconómico del país, esto debido a que el modelo económico implementado, aún muestra debilidades que limitan sus potencialidades para construir el país deseado, entre las que se destacan: insuficientes relaciones entre los sectores productivos, inequidad en el desarrollo de las capacidades productivas y limitaciones para una inserción competitiva del país en la economía global.[iii]


Según el informe del Banco Mundial del año 2014, la República Dominicana ha tenido un desempeño económico sobresaliente durante las últimas décadas. Siendo una de las de más alto crecimiento en Latinoamérica, con un incremento promedio del PIB en torno al 5,5 por ciento, por año, entre 1991 y 2013. Sin embargo, ese crecimiento económico, trae consigo un incremento en la demanda de energía, cuyo suministro eficiente y a precios competitivos sigue siendo uno de grandes desafíos que enfrenta el país, desde hace más de medio siglo.

El Estado dominicano debe abocarse a determinar el costo socioeconómico que ha representado para el desarrollo nacional, la ineficiencia del sector energético (electricidad y combustibles), caracterizado por problemas de desabastecimiento y elevados gastos de generación eléctrica, sumado esto al déficit permanente en el suministro y una baja calidad en el servicio servido. A pesar de existir una importante cantidad de estudios y documentos que abordan la crisis del sector energético dominicano, la mayor parte de estos se concentran en lo relativo al comportamiento de la demanda energética, la dinámica de los precios, la tendencia de crecimiento del consumo de energía, y del subsidio gubernamental; sin embargo, no han sido encontradas evidencias de investigaciones importantes referentes a las políticas de seguridad energética y mucho menos, a las repercusiones socioeconómicas de la crisis energética en cada uno de los sectores de la economía, consumidores finales de energía: industrial, transporte, residencial, comercial y gubernamental.

El tema de la seguridad energética, debe ser abordado con la debida conciencia de que el acceso a la energía constituye un servicio social, íntimamente vinculado a las oportunidades económicas, el cual, sumado a otras libertades políticas, se convierte en un pilar fundamental del crecimiento económico, cuyo objetivo final debe ser el desarrollo social y el bienestar de las personas.[iv]

La debida comprensión de esta problemática implica identificar los principales retos que enfrenta el país para gestionar sus recursos productivos de forma innovadora y ambientalmente sostenible, a fin de garantizar una generación estable y un suministro eficiente de energía, que además podría crear nuevas oportunidades de inversión y externalidades positivas en otros sectores de la economía. En tal sentido, los tomadores de decisión, están compelidos a la formulación de estrategias y políticas públicas que incidan en el sector energético en aras de encontrar una solución definitiva a la problemática energética de la República Dominicana.



[i]     Prospectiva del Sector Eléctrico  2013-2027. Secretaría de Energía de México (SENER, 2013)
[ii]    El Trilema energético del CME para la sostenibilidad energética. Consejo Mundial de la Energía, 2014
[iii]     Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. G. O. No. 10656 del 26 de enero de 2011.
[iv]   Desarrollo y libertad.  Amartya Sen, Editorial Planeta. Buenos Aires, 2000 

martes, 21 de febrero de 2017

Celebramos el 20 Aniversario del Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa William J. Perry



¡Qué alegría! Poder celebrar el 20 aniversario del Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa William J. Perry. 

El Centro Perry propicia un maravilloso espacio de intercambio de ideas sobre las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan nuestros países, en materia de #SeguridadNacional  #Defensa  #DerechosHumanos  #Democracia entre otros. 

Auguramos muchos años de éxitos a esta prestigiosa institución de socialización del conocimiento, de la cual he tenido la suerte de heredar extraordinarios amigos y colegas a casi todos los países del continente.

Enhorabuena!

martes, 3 de enero de 2017

Registro Sanitario República Dominicana

Para para comercializar sus productos legalmente en República Dominicana, es indispensable la obtención del Certificado de Registro Sanitario, solicitado en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para los productos alimentarios; y en la Dirección General de Drogas y Farmacias, cuando se traten de cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, productos naturales y medicamentos. Ambas instituciones son dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

GenteGrandeRD
En Gente Grande Consulting tenemos un equipo de profesionales expertos que se encargará de todo el proceso de la gestión del Registro Sanitario de su producto, sin que usted tengas que dejar la comodidad de tu casa u oficina. Para más información llámenos al 809-435-8499 / 809-215-0275 o escríbanos a cramirez@gentegrande.com.do



viernes, 9 de diciembre de 2016

A partir del 1 de enero del año 2017, Gobierno incautará productos que no tengan Registro Sanitario

El Gobierno dominicano dio a conocer un conjunto de medidas tendentes a garantizar y proteger la salud de los consumidores y su derecho a estar informados sobre las categorías de productos que
oferta el mercado.
Entre las medidas está el establecimiento de varios plazos para que las empresas que comercializan productos nacionales o importados cumplan con las normas vigentes sobre etiquetado y registro sanitario.
Los detalles fueron ofrecidos por la Comisión Interinstitucional para las Normas del Etiquetado en rueda de prensa efectuada en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, encabezada por los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Industria y Comercio, José del Castillo.

Cumplimiento estricto de la norma NORDOM 53
A partir del día primero de agosto de año 2016, no pueden ser comercializados en el territorio nacional, los productos lácteos y sus derivados destinados al consumo humano, o para fines de hostelería, que no cumplan con los requisitos de etiquetado establecidos en la Norma Dominicana NORDOM 53, sobre el Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados, cuarta revisión, de fecha 27 de noviembre de 2014.
De igual forma, a partir del primero de enero del año 2017, todos los productos alimenticios de producción nacional e importados, deberán contar con el Registro Sanitario vigente.

Etiquetado visible, legible y en español
Los productos alimenticios importados, sin distinguir el medio de transporte o forma de embalaje en que sean introducidos al país, deberán cumplir con la inclusión de la etiqueta complementaria, según se instruye en la NORDOM 53.
La etiqueta deberá ser colocada en origen e indicar con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso, la fecha de vencimiento, los ingredientes y otras disposiciones en idioma español.

Inobservancia de disposiciones serán sancionadas
La inobservancia de estas disposiciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las legislaciones vigentes, tales como decomisos, sanciones económicas y destrucción de los alimentos que no cumplan con las normas.

Para para comercializar sus productos legalmente en República Dominicana, es indispensable la obtención del Certificado de Registro Sanitario, solicitado en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para los productos alimentarios; y en la Dirección General de Drogas y Farmacias, cuando se traten de cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, productos naturales y medicamentos. Ambas instituciones son dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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En Gente Grande Consulting tenemos un equipo de profesionales expertos que se encargará de todo el proceso de la gestión del Registro Sanitario de su producto, sin que usted tengas que dejar la comodidad de tu casa u oficina. Para más información llámenos al 809-435-8499 / 809-215-0275 o escríbanos a cramirez@gentegrande.com.do



jueves, 21 de abril de 2016

Amazing time in Atlanta

I just spent an amazing time, where I met extraordinary people from different parts of the world that quickly became my friends, my new friends that I will never forget. As shown, some pictures.

jueves, 2 de abril de 2015

Vigías de la seguridad con los peores salarios

Los guardias y policías deben “buscárselas” para satisfacer sus necesidades

Esteban Delgado
L
as labores que realizan los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a través de las instituciones militares dependientes del Ministerio de Defensa, se desarrollan en medio de precariedades que los obligan a hacer maniobras diversas para incrementar sus niveles de ingresos.
El Ministerio de Defensa tiene tres instituciones militares básicas: Ejército Dominicano, Armada de República Dominicana, antigua Marina de Guerra, y Fuerza Aérea Dominicana.
El salario base de un miembro de la Policía o un guardia sin rango, es decir, raso, oscila entre RD$6,181.16 y RD$7,000 mensuales, indican esas instituciones en sus respectivos portales de internet.
salario-policias-militares
Con esos niveles de sueldos es difícil que un agente policial pueda desarrollar su trabajo sin incurrir en la tentación de buscar alternativas adicionales como prestar servicios a instituciones públicas o privadas, agenciarse la asignación de una labor extra dentro de la propia institución, salir a “macutear” o a pedir en operativos improvisados o, en el peor de los casos, incurrir en actos delictivos.

En el ámbito militar y policial sus miembros no acostumbran a ofrecer informaciones sobre sus condiciones de vida, pero solo hay que revisar sus salarios para imaginarse su realidad.
Los bajos niveles salariales no son solamente entre los agentes de bajos rangos. Los generales y coroneles tienen sueldos que no llegan a los RD$40,000 mensuales en las Fuerzas Armadas y solo en el caso del rango de Mayor General, el sueldo es más elevado para la Policía, con RD$62,529.42 mensuales.
Muchos se preguntan cómo es posible que un coronel o un general de brigada exhiban buenos niveles de vida en términos materiales, con salarios por debajo del pago de un gerente medio en cualquier empresa privada o entidad estatal.
La realidad es que no se trata necesariamente de actos indecorosos por parte de esos agentes de alto rango, sino más bien de ingresos extras por especialidades, puestos administrativos con paga adicional al rango y también “facilidades” que les llegan de acuerdo con la posición que ocupan o la zona donde prestan servicios.
“Los comandantes de zonas reciben regalos de parte de empresarios y de personas influyentes en algunas demarcaciones donde prestan servicios”, expresó a elDinero un general retirado que, precisamente, vive en una casa que le fue regalada.
Lo anterior indica que la prosperidad de militares de alto rango no siempre es por acciones indecorosas, aunque sí por actos que pueden afectar el buen desempeño de sus funciones, pues el hecho de recibir algún regalo, si bien no es corrupción, sí se escapa de la ética.
En el sector militar y policial hay rangos parecidos, aunque la Policía no es precisamente una institución militar.
Alrededor de 13 rangos destacan en los niveles jerárquicos de los cuerpos castrenses, desde raso, alistado o marinero, hasta teniente general o almirante. Éste último rango sólo lo ostentan de forma transitoria el Ministro de Defensa y en una ocasión el Jefe de la Policía. El jefe policial actual es mayor general.
Fuente: http://www.eldinero.com.do/10275/vigias-de-la-seguridad-con-los-peores-salarios/

sábado, 28 de febrero de 2015

EL INTERÉS NACIONAL: Un enfoque realista de los Elementos del Poder Nacional

Desde el enfoque sociológico de Max Weber (1984), el “poder” es entendido como aquella oportunidad o posibilidad que existe en una relación social, en donde un individuo deliberadamente influye en el comportamiento de otros, en una dirección prevista, para lograr cumplir su propia voluntad.i Mientras que, el concepto “poder nacional” implica el conjunto integrado por todos aquellos componentes que permiten a un país determinado, la utilización de sus capacidades nacionales para planificar y ejecutar políticas públicas domésticas y externas, en función de intereses nacionales preestablecidos, de forma tal que sean alcanzados los objetivos nacionales.

Es importante tener en cuenta que el concepto poder nacional no está referido a los niveles de constitucionalidad y legalidad operativa en el contexto doméstico de un país, puesto que eso concierne a los poderes públicos, es decir, a aquellos órganos e instituciones del Estado a quienes corresponde, en su dimensión coactiva, el monopolio legítimo de la violencia. El poder nacional implica una combinación de todas las capacidades estatales, ya sea en términos políticos, económico-financieros, tecnológico-industriales, comerciales y militares, así como, los mecanismos mediante los cuales esta combinación es expresada, en el entorno interno y externo del país.

Una adecuada valoración del poder nacional de un determinado país implica que éste sea referenciado ante el trasfondo de otros poderes nacionales, por lo que resulta mucho más factible estudiar el poder nacional en la esfera de las relaciones internacionales. Para tales fines es de gran utilidad el marco conceptual de las teorías planteada por Frederick Howard Hartmann (2002), sobre los Elementos del Poder Nacional, en la 6ta. Edición de su libro “Introducción a las Relaciones Internacionales”, en donde intenta analizar la esencia de los problemas transnacionales desde la óptica realista, partiendo de la idea de que habitamos en un mundo cada vez más pequeño, donde el impacto de cada parte sobre las demás es mucho más grave que nunca.ii

Desde este panorama, Hartmann comienza a teorizar sobre las situaciones nacionales y transnacionales, sosteniendo que en la solución a todo problema que se presente en una nación, el Estado es el principal actor, debiendo éste tener la capacidad de trabajar en función de sus mejores intereses; planteando que las naciones deben defender, además del control de su territorio, los valores que le diferencian de las demás, con relación al mundo exterior; argumentando que las opciones políticas que toma el gobierno representan una salida conforme a los factores internos de ese Estado y los derivados del medio externo.

El elemento fundamental de la política exterior de cada país, debe ser el interés nacional, conformado por aquellas cosas que los Estados tratarían de proteger a toda costa o conseguir frente a otros, el cual es producto de una interacción compleja que Howard se atreve a dividir en intereses vitales y secundarios, definiendo como vitales aquellos por los cuales el Estado está dispuesto a luchar, y secundarios lo que simplemente querría lograr, pero que al formular sus políticas tratar de adaptarlas para que sean compatibles con las de otras naciones.

Hartmann se imagina a un funcionario que toma decisiones entre fuerzas internas y externas, centrando su foco de análisis en los procesos mediante los cuales los Estados deben amoldar sus decisiones al interés nacional, sin perder de vista el impacto que causa sobre sí lo que sucede en otros Estados.

Desde enfoque realistas, para preservar o satisfacer sus intereses vitales y lograr así su seguridad nacional, los Estados deben utilizar los modelos de poder que le permitan garantizar una adecuada defensa de sus intereses nacionales. Y es justo el escenario en que juega un papel estelar el Poder Nacional, como resultado de la suma de todas las fortalezas que posee una nación, para el establecimiento de su estrategia de desarrollo y la consecución de sus objetivos nacionales.

En este contexto, para Hartmann, el término “Poder”, significa cuán débil o fuerte es un Estado, la fuerza o capacidad que este puede utilizar para satisfacer sus intereses nacionales e influir en otros. Debido a que las relaciones entre Estados soberanos son siempre en su raíz una política de poder, que variará de acuerdo a lo que esté en juego; cómo se perciba la cuestión y con quién se trate; construyendo una conjunción de la que surgen siete conceptos a los cuales él llama los “Elementos del Poder Nacional”.

Para Hartmann los “Elementos del Poder Nacional” son: Demográfico: cuantos habitantes hay, cuál es su estructura y su tendencia; así como el componente Geográfico: dónde vive la gente y bajo qué clima, cómo influye su ubicación geográfica y qué tamaño tiene su territorio. Aquí es fuerte la geopolítica, la ubicación es importante en términos estratégicos porque existe una interacción entre la población y el medio geográfico.

Un elemento sumamente importante es el Económico, puesto que determina Cuáles son los recursos del pueblo, materias primas, Producto Interno Bruto (PIB), escasez o abundancia de materiales críticos. La autosuficiencia económica es una cualidad importante. De ahí la incidencia de la economía en el elemento Científico-Tecnológico puesto que, los descubrimientos y las nuevas tecnologías son importantísimos conocimientos que generan poder y dependencia de otras naciones. Además, pueden volcarse a actividades relacionas con la defensa nacional.

Todo aquello qué le ha sucedido a lo largo de la historia a la nación, cómo tiende a pensar, cuáles son sus actitudes típicas, cómo está estructurada la sociedad, son componentes del elemento Histórico-Psicológico-Sociológico.

El elemento Organizativo-Administrativo, se refiere a la forma de gobierno, la actitud que asume el pueblo ante este, así como el grado de fortaleza, eficacia y eficiencia de las instituciones de la administración pública, mientras que el Militar: tiene que ver con qué tan efectivo y eficiente ha sido el desarrollo de sus fuerzas armadas.

Como bien plantea Richard Vásquez Jiménez (2010) la expresión militar del poder nacional implica además la función de brindar apoyo para la estabilidad y seguridad de los demás elementos del poder antes mencionados; misión que cumple, utilizando el recurso humano que componen las fuerzas armadas de la nación, así como los equipos y tecnología de la que disponen.iii

A modo de conclusión, podemos decir que el poder nacional de un país sólo puede ser analizado y medido observando su efectividad en la interacción internacional con otros poderes nacionales. Siendo así, todo accionar del poder, que proviene de un país con capacidad de accionar más allá de sus fronteras, para garantizar los intereses nacionales siempre deberá reconocerse como parte de su poder nacional.

i WEBER, Max. (1984); Economía y Sociedad. Cap. III y IX. – Fondo de Cultura Económica. México.
ii HARTMANN, Frederick H. (2002); Las Relaciones Internacionales; Instituto de Publicaciones Navales; Buenos Aires, Argentina.
iii VASQUEZ, Richard; (2010); SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO: Matriz para el Crecimiento Integral de las Naciones (Caso República Dominicana)

miércoles, 16 de octubre de 2013

REFLEXIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA

La Constitución dominicana establece que “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”[i]


En tal contexto, la Seguridad Nacional puede ser definida como aquella situación en la cual el Estado tiene garantizada su existencia, la integridad de su patrimonio, sus intereses nacionales, así como su soberanía e
independencia; entendida ésta como la facultad de actuar con plena autonomía en el campo interno y libre de toda subordinación en el campo externo.

Mientras que la Defensa Nacional, solo comprende el conjunto de previsiones y acciones que adopta el gobierno permanentemente para permitir la supervivencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno y libre de toda subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones; es decir, que permitan al Estado alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales, pese a los antagonismos o presiones, tanto en el campo externo como en el interno.[ii]

La Seguridad, en sentido llano, es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida. Sin embargo, para el Estado adquiere una dimensión muy compleja, porque se sostiene con el ejercicio de diversa políticas de seguridad pública (Ciudadana, Jurídica, Sanitaria, Educativa, Laboral, Alimenticia, etc.) que afectan las condiciones de la vida social, económica y cultural de las personas.

Hay tantos tipos de seguridad, como actividades pueda realizar el ser humano. Particularmente, cabe destacar la Seguridad Pública, (también llamada -seguridad interior) la cual es totalmente perceptiva, como la seguridad internacional. A diferencia de esta última, en la seguridad pública es el ciudadano quien percibe la amenaza; y su protección se realiza dentro del régimen de monopolio de la violencia. Internamente, el Estado detenta ese monopolio legítimo, constituido por las fuerzas de seguridad pública y de justicia.

En el caso de la Seguridad Ciudadana, se refiere exclusivamente a la garantía de la integridad personal, objetiva y subjetiva de todos y cada uno de los ciudadanos, asegurándole estar libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional de sus pertenencias.[iii]

Es una situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y derechos. Pero esta solo puede darse a partir de la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho, para garantizar el desarrollo integral de las personas, mediante la preservación de su integridad física y la de sus bienes y propiedades.

Multidimensionalidad de la seguridad
Mucho antes del período que se conoce como la guerra fría, para la mayoría de los países latinoamericanos, la principal amenaza a la seguridad nacional, tradicionalmente estaba enmarcada en el contexto de las controversias territoriales y agresiones militares externas entre dos o más Estados. En algunos casos, también se incluyó a la subversión armada de carácter comunista, maoísta,  leninista e incluso, con ideas separatistas, dentro del territorio, como una amenaza a la seguridad nacional”. [iv]

Sin embargo, ese “enemigo” al que en el pasado se  enfrentaban las fuerzas de defensa y de seguridad ha ido mutando; y de ser una amenaza tradicional, de la que se suponía  de  dónde venía y hacia donde iba, ha pasado a convertirse en un enemigo poderoso, silente, poco visible y plural, transformándose en una grave preocupación para los Estados.

En tal sentido, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, han reconocido, a partir del 2003, que a estas amenazas tradicionales se han agregado nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, entre los que destacan: El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, los delitos de alta tecnología y las conexiones entre ellos.[v]

También han sido considerados como componentes de estas nuevas amenazas: La pobreza extrema, los bajos niveles educativos y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia; el deterioro del medio ambiente, los desastres naturales y los de origen humano; el VIH/SIDA y otras enfermedades.


[i] Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero, Gaceta Oficial No. 10561.
[ii] http://cdn.usalnet.org/tesis/files/rivera.pdf
[iii]Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). VI Cumbre de Las Américas, págs. 2-3, 2011.
[iv]Acosta, Andrés. Diálogo. “El asunto de las nuevas amenazas” 2011.
[v]Organización de los Estados Americanos, OEA  Declaración Sobre Seguridad en las Américas, (Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada en México,  el 28 de octubre de 2003, Consultada en http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf

sábado, 7 de septiembre de 2013

Poder Ejecutivo pone en retiro a 38 generales y 259 coroneles

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo emitió hoy ocho decretos en los que pone en retiro a 38 generales y 259 coroneles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre los que figuran los exjefes de la Marina de Guerra, vicealmirante Nicolás Cabrera Arias, y de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
Las medidas están contenidas en los decretos que van desde el 250-13 al 257-13.
Descargar decretos:
Mediante el decreto 250-13, en su artículo 1, quedan puestos en condición de retiro por antigüedad en el servicio, con disfrute de pensión, los mayores generales Andrés R. Apolinar Disla E.N.; Luis Aníbal Rivera Jiménez, E.N.; José Ricardo Estrella Fernández, E.N.; Carlos Alberto Rivera Portes, E.N.; Antonio Valentín Vásquez López, E.N. y Cesar Nicolás Castaing Jiménez, E.N.

En total, fueron 11 los mayores generales y vicealmirantes retirados, seis corresponden al Ejército Nacional, 1 a la Marina de Guerra, 2 a la Fuerza Aérea Dominicana y dos a la Policía Nacional.

Del total de los 27 generales de brigada y contralmirantes retirados, 10 corresponden al Ejercito Nacional, 2 a la Marina de Guerra, 9 a la Fuerza Aérea Dominicana y 6 a la Policía Nacional, en tanto que del total de 259 coroneles y capitanes de navío retirados, 110 corresponden al Ejército Nacional, 18 a la Marina de Guerra, 68 a la Fuerza Aérea Dominicana y 63 a la Policía Nacional.

El artículo 2 del decreto 250-13 asciende al rango de mayor general y puestos en condición de retiro con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio los generales de brigadas, también del Ejército Nacional, Purito Suárez de Jesús, Rafael Antonio Liranzo Medina, Cirilo R. Escarramán Minaya, abogado José Ignacio Sandoval Cabrera, Rafael Leónidas Pérez y Pérez, la médico Juana Peña Rivera y el dentista Félix Hipólito Feliciano Castillo.

Otros generales puestos en retiro del Ejército Nacional son Rafael Florentino Pérez, César Leonidas Báez Medina y Fidelio García Santos, todos por antiguedad en el servicio y con disfrute de pensión.

De la Marina de Guerra, el decreto número 252-13 pone en condición de retiro al vicealmirante Nicolás Cabrera Arias, con disfrute de pensión, en tanto que el artículo 2 de la misma disposición presidencial asciende al rango de vicealmirantes y puestos en retiro con disfrute de pensión por antiguedad en el servicio a los generales contralmirante Antonio Suárez Núñez y Maromo Fernández y Fernández.

En el artículo 1 del decreto número 251-13, el presidente Danilo Medina ascendió a generales de brigadas y puso en condición de retiro a los coroneles del Ejército Nacional Carlixto Fortunato Jáquez Ferreiras, Jorge Luis E. Duluc Pumarol, José Miguel Cavallo González, Robert José A. Abreu Peña, Omar Caonex Monción Genao, Julio Anibal Polanco y Polanco, Miguel A. Domíguez Valenzuela, Filmarion D. Batista Feliz, Antonio Ruby Taveras Pérez, Nixon Manuel Furniel Ramos, Héctor Hilario A. Scroggins Wagner, Manuel Emilio Veras Fabián, Sergio Antonio María Otañez, José Miguel Minaya Rodríguez, Cristian Bienvenido Valdez Soto, Alejandro Plata Matos y Víctor M. Rocha González.

También, los coroneles Rafael E. De los Santos Rodríguez, Luis Emilio Berroa Rosario, José Narciso Francisco Fernández, Diógenes de Jesús Reyez Vizcaíno, Nelsy Altagracia Santana Andújar, Ramón Antonio Bautista Calderón, Patriotino S. José Zapata Ceballos, Víctor Manuel Emilio Guzmán Liranzo, Leandro Antonio Joaquín Cruz, Homero Lebrón Jiménez, Juan Bautista Martínez Galán, Fernando Mercedes García, José de los Santos Valenzuela Pérez, Rolando Guzmán Eugenio, Ventura de la Cruz Marte, Miguel Angel Vásquez, Andrés María Jiménez, Dercido Castillo, Agustín María Valdez Pérez, Gabino Alvaro Disla López, José Ambrosio Almonte Uceta, Paulino Peralta Medina, Ramón Espinosa Maldonado, León Gervacio Rodríguez, coronel mecánico Rafael Antonio Gil Ureña y coronel contable Héctor Emilio Suárez Torres.

Igualmente, los coroneles T.P.D Osvaldo Alcántara Rivera, T.P.D. Rafael Antonio Francisco Sánchez, el coronel músico Julio César Alt.Cabrera Rodríguez, los coroneles médicos Antonio G.R. Cumberbatch Jiménez, Miguel Ángel Martínez Díaz, Tirso A. Valdez Lorie, Octavio José Santana Belliard, José David Mateo García, Maritza V. Torres de los Santos, Nelson de Jesús Vásquez Olivero, Francisco colón Pimentel Baralt, César A. Roque Beato, Oscar de Jesús Nin Cavallo, Wald Elías Hiart, Juan Alberto López Cesse, Silvia Josefina Castellanos Cortor, Ramón Alberto Díaz Núñez, Rosa Margarita Polanco Esmuldoc y Alejandro Mercedes Ramírez.

También fueron ascendidos a generales de brigada y colocados por igual en situación de retiro los coroneles médicos del Ejército Nacional Fausto Francisco Checo Alonzo, Miguel Ángel María Guerrero Mejía, Radhamés Martínez Ledesma, Zoila Ramona de Peña de León, Domingo A. Román de León, Roselio Aquino Martínez, Tomás A. Hosking Ferrand, Héctor S. Medina Rodríguez, los dentistas Daniel Hernández Reyes, José Antonio Soler González, Carmen Isabel Camilo Then, abogado Esteban Castillo Vásquez, ingenieros civiles Arturo Aníbal Rincón Veras, Rafael Simón Pérez Cuevas, Irving H. Pérez Peña, los contadores Arcángel Mueses Adón, Anastacio Almonte González y Cecilio García Hiraldo.

En el artículo 2 del mismo decreto 251-13 fueron puestos en condición de retiro con disfrute de la pensión correspondiente los coroneles Raimundo Cabrera Mercado, Reynaldo Antonio Hernández Gutiérrez, Dionis José Baquero Polanco, Jorge Leonardo Peralta Espinal, Ramón Geraldo Rosario Peña, Marcos Montero y Montero, Rafael Tenores González Cordero, Andrés Gálvez de la Cruz, José Mercedes Ramírez De los Santos, Baltazar Mateo Zayas, Rafael Antonio Pérez Sánchez, José Altagracia García Ramón, Alfredo González y Cordero, Jacinto rodríguez Rodríguez, Manuel Fernando Alcántara Feliz, José Miguel Rodríguez Espinal, coronel mecánico Hipólito Benigno Vargas Olivo, coronel T.P.D Tirso Miguel Jiménez Novas, coronel T.P.D. Marianela Montero y Montero, coroneles médicos Danyd Moquete Méndez, Aldrian A. Almonte Delgado, Felipe Antonio Herasme y Herasme, coronel dentista Luisa Josefina Oliva Roa y coroneles abogados Vertilio Sánchez Ramírez, Jorge Mariano Rodríguez, Martínez, Francisco Camilo López, Rafael V. Bautista y Bautista, Juan Antonio Cabrera Abreu y coroneles contadores Rolando Alcántara Rivera y Ricardo Marizan Ortiz.

Marina de Guerra

Los retirados en la Marina de Guerra por el presidente Danilo Medina mediante el decreto número 252-13 son el vicealmirante Nicolás Cabrera Arias y los contralmirantes Miguel Antonio Suárez Núñez y Maromo Fernández y Fernández, quienes previamente fueron ascendidos al rango de vicealmirantes con disfrute de sus pensiones correspondientes.

En otro decreto, el 253-13, el Poder Ejecutivo ascendió al rango de contralmirante y colocó en condición de retiro con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio a los capitanes de Navío Gustavo Felipe Ruiz Estrella, Víctor Manuel Nina Figuereo, Héctor Rafael Toribio, Roberto Antonio Pichardo Rodríguez, Eusebio R. Pérez López, Manuel Oscar Pagan Curiel, Ramón Antonio De los Santos Jiménez, Nahúm Espaminondas Toribio Díaz y Guillermo Manuel 
En el artículo dos del mismo decreto fueron colocados en condición de retiro con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio los oficiales superiores Capitanes de Navío Francisco Acevedo Santos y Néstor Julio Bobea Rosario.

Fuerza Aérea

En el decreto número 254-13, el presidente Medina puso en retiro con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio a los mayores generales pilotos Carlos Rafael Altuna Tezanos e Israel Aníbal Díaz Peña y ascendió al rango de mayor general y también colocó en situación de retiro con disfrute de pensión al general de brigada piloto Julio César Sánchez Suero, generales de brigada paracaidistas Carlos Manuel García Henríquez, Jesús Antonio Díaz Ramírez, Germán Antonio García de Jesús y general médico Ramón Esteban Vásquez Susana.

En el artículo 3 se pone en retiro a los generales de brigada pilotos Johnny de Jesús Restituyo Larrache, José Manuel Restituyo Larrache, general de brigada paracaidista Juan Francisco Tejada Genao y general de brigada dentista Manuel de Jesús Ramírez Ferreira.

En otro decreto, el número 255-13, el presidente de la República ascendió al rango de General de Brigada y colocó en condición de retiro en la Fuerza Aérea Dominicana al coronel piloto Carlos Augusto Camejo Rodríguez, coroneles paracaidistas Joaquín Rafael Marte Díaz y Alberto Rosado, a los coroneles Otto Antonio Martínez Cruz, Ysidro de Jesús, coroneles técnicos en Administración Juan de Jesús Fernández Paulino, Vinicio Filion Peña, Rafael Julián Díaz Alejo, Geraldo Antonio Rodríguez García, Luis Armando Peña Segura, Carlos Manuel Marmolejos Medina, Cosme Enriquillo Medina Cuevas, Fermín Lorenzo, Juan José Alcántara Santana, coronel técnico en Procesamiento de Datos Evaristo Antonio Reyes Bibieca, coronel técnico Belarminio Hilario Martínez, los coroneles dentistas Samuel Teófilo Bienvenido Mañon Rossis, Ángel Samuel Rodríguez Melo, Ernestina Peguero Javier.

Igualmente a los coroneles médicos Wenceslao Ramírez Ferreira, Juan Rafael Ramos Betances, Radhamés Antonio Sánchez Reyes, Rafael Bienvenido Brens Bobadilla, Pedro Fidel Galán Zarzuela, Diomedes A. Maldonado Bernaber, Mario de Jesús Matos Carrasco, Víctor Rafael Cedano Santana, Jaime Tomás Batista Almánzar, los coroneles abogados Ramón Castillo García, Juan Veloz Jiménez, el coronel contador Francisco F. Matos y Matos, ingenieros Esteban Rey H. Maríñez Lugo, Nelcido Ruiz Lara y coronel arquitecto Héctor Tomás Restituyo Larrache.

También en la Fuerza Aérea Dominicana fueron retirados con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio los coroneles paracaidista Héctor Raúl de los Santos Merán, coroneles técnicos en Aviación José de Jesús Burgos Ortega, Ricardo Rafael Lizardo García, Rafael Antonio Hernández Cordero, Mónico Antonio Pérez Pichardo, Juan Alfonso de Jesús Peña, Juan E. Florentino Morillo, Pastor Sena Arias, Alejandro Pacheco Rosario, los Técnicos en Administración coroneles Octavio Ortiz Hernández, Domingo Lorenzo Adames, Osvaldo Feliz Saviñon, San Gregorio Zabala Lorenzo, Aristóteles Luciano Mateo, Ramón Emilio Pacheco Puello, Esteban Inoa Peña, Ramón Antonio Marte, Carlos Antonio Gómez Moreta. José Rafael Bueno Gómez, Jesús Eugenio Sánchez del Rosario, los coroneles mecánicos Radhamés de Jesús Gómez Espinosa, Nelson Antonio Beras.

Por igual fueron colocados en situación de retiro los coroneles médicos de la Fuerza Aérea Dominicana Juan A. Ramírez Cubilete, Tonis Hazin del Rosario, Alberto Soriano Mojica, Aurelina Castro Jerez, los coroneles abogados Miguel A. Ortiz Hernández, Rafael Eduardo Cruz Tiburcio; los coroneles abogados Miguel A. Ortiz Hernández, Rafael Eduardo Cruz Tiburcio, los contadores Ruddy González Sena, Vicente Pérez Méndez, Ernesto de la Rosa, Carlos Alberto Tejada Rogiez, la bionalista Dulce Milagros Gómez de Burgos y el coronel arquitecto Leopoldo Elermo Mora Alcántara.

Policía Nacional

En la Policía Nacional los retiros tocaron a los mayores generales Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Henry A. Peralta Jiménez por antigüedad en el servicio y con disfrute de la pensión correspondiente.

La medida está contenida en el decreto número 256-13, que en su artículo dos asciende al rango de mayor general y pone en condición de retiro con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio a los generales de brigada Bernardo Santiago Santiago, Eddy Adonis Reyes Gómez, Alberto Bienvenido Olivo, Francisco Antonio Montes de Oca y retira igualmente a los generales de brigada Francisco José Martínez Rodríguez y Bartolo Gil Melo.

El decreto 257-13 asciende al rango de general de brigada y pone en retiro con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio a los coroneles Francisco A. de los Santos Lazala, Bernave Ventura, Pablo Ramón Nova Cuevas, Manuel R. Acosta Reynoso, Juan Manuel Cabral Baldera, Claudio De Jesús Santana de la Cruz, Milton J. Almonte Morrobel, Pantaleón Hernández, Felipe R. Herasme Acosta, Ángel Miguel Peroso Torres, Bienvenido Vásquez Francisco, Julián Hernández, Miguel Andrés Abreu Suriel, Juan Vólquez, Nelson Manuel Peña, Ramón A. Rosario Pichardo, Rubén D. Castro Pérez y Juan Antonio Mejía Pimentel.

En esas mismas condiciones fueron colocados en situación de retiro los también coroneles policiales Vicente Hilario Ventura, Juan Antonio Lora Castro, Julio A,. Sánchez Peguero, Isidro Luciano Aquino, Héctor Rafael Rojas Cruz, José Luis Pérez G{omez, Casimiro L. Colón Santana, Juan L. González Reynoso, Lucas Valenzuela Valenzuela, Neggia Fior D´aliza Medina Medina, doctora Seila A. de los Santos Maldonado, doctor César A. Peralta Jiménez, Jesús E. Cordero Paredes, doctor Eufemio Amparo Brito, doctora Ana Josefa Suaresz Disla, doctor Cristóbal Fernández Mena, coronel médico Octavio R. Velásquez Miguel, doctor Antonio Ramírez Castillo, doctor Santo Jiménez Pael, sicóloca Sandra Yocasta Mateo de Jáquez, y los contadores públicos Juan Bautista Gervacio Oviedo y Ana Isabel Ulloa Henríquez.

Otras puestas en retiro por antigüedad en el servicio y con disfrute de pensión en la Policía Nacional afectaron a los coroneles Nelson Jiménez Cabral, Félix Manuel Guerrero Beltré, Catalino Suarez Genao, Isidro Cordero, Antonio Blas Díaz Cuevas, Cristino Adames y Adames, Manuel de los Santos S. Gómez Urbaez, Ruperto Pérez Pérez, Alejo Evangelista Brito, Luis Gonzalo Díaz Encarnación, Enemencio Francisco Guzmán Vargas, Sotero Martínez Magallanex, Darío Castillo Corporán, José de los Santos Torres Matos, Héctor Manuel Pérez Piña, Bibiano D´oleo Encarnación, Domingo Antonio de León Marínez, coroneles abogados Ramón Capellán Feliz, Juan S. Rojas Aquino, Fernando Belén Barias, Bienvenido Victoriano Fabián, Sergio Antonio Naut González, coronel médico Sara Raquel de la Paz Matos y Contador Público Autorizado José Enrique Ruiz Mejía.Todos los decretos con las disposiciones presidenciales tienen fecha de este sábado 7 de septiembre.